Nueva maniobra dilatoria de la Generalidad catalana, que trata de evitar por todos los medios la aplicación de la sentencia del Tribuna Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que determina que un 25% de los contenidos lectivos en los colegios catalanes se debe impartir en español.
A pesar de que la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo y que el propio TSJC haya dado un ultimátum para su aplicación tras meses de burlas por parte de la consejería de Educación, en manos de Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), la última ocurrencia de los servicios jurídicos de la Generalidad ha sido un recurso de reposición para evitar tener que aplicar el fallo ahora, a las puertas del fin de curso.
Según los abogados de la Generalidad, la interlocutoria que ordena la ejecución del fallo antes del 31 de mayo también incurriría en una vulneración legal al no estar habilitada la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) como representante de los intereses de los ciudadanos. La AEB es la entidad que ha logrado decenas de sentencias contra la erradicación del español en las escuelas catalanas dependientes de la Generalidad.
Además, PSC, ERC y los comunes (la versión catalana de Podemos) preparan cambios legislativos para reforzar la inmersión lingüística y que los centros puedan acogerse a la nueva normativa para mantener sus proyectos lingüísticos excluyentes. ERC pide a JxCat que se sume a ese «pacto por el catalán», pero los de Puigdemont consideran que tal pacto es demasiado tibio y la prueba, para ellos, es que están los socialistas catalanes.
El líder del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado partidario de reformar las leyes lingüísticas de la Generalidad para salvaguardar el modelo educativo de la inmersión, que considera un éxito, al igual que los separatistas. Sin embargo, los hijos de los dirigentes nacionalistas y socialistas acuden a colegios privados en los que no rige la inmersión y el español está en pie de igualdad con el catalán.
