La Generalitat obliga a pagar a los periodistas por asistir a las ruedas de prensa sobre el referéndum ilegal

«Es intolerable». Así califica Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) que la Generalitat de Cataluña privatizara ayer la información que ofreció sobre el referéndum ilegal convocado para mañana. Diez euros tuvo que abonar cada periodista que presenció in situ la rueda de prensa en la que Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva explicaron el dispositivo del independentismo para el 1-O.

La tarifa la fijó Mediapro, un grupo audiovisual privado que fundó Jaume Roures y que ofreció su sede como centro de prensa hasta el próximo 2 de octubre. De paso, Roures saca tajada de la causa soberanista, ya que el Gobierno catalán ha asumido dicha sede como punto de referencia para sus comunicaciones. Esto, principalmente, responde a otro objetivo: blindar a los políticos independentistas, que no pueden por ley destinar dinero público a financiar ningún evento relacionado con el referéndum ilegal. Si alguien lo hiciera, incurriría en un delito de malversación. Sólo así se entiende que el centro de prensa sea explotado y gestionado por una empresa privada.

«La Generalitat puede convocar a los medios de comunicación en otros sitios», propone la presidenta de la FAPE, quien insiste en que es «muy grave» que se haya pagado por acudir a la rueda de prensa ofrecida por «políticos que forman parte de instituciones públicas elegidos en convocatorias democráticas». Desde la FAPE no encuentran precedentes de algo similar en países democráticos, mientras que su presidenta sugiere que cobrar por informar podría llegar incluso a «contravenir la Constitución Española». «La libertad de información es un derecho que tiene toda la ciudadanía y que está amparado en la Constitución», recuerda González. El Colegio de Periodistas de Cataluña también se opuso a la gestión del centro de prensa.

Corrige a medias

Las críticas del gremio se sucedieron y, por la tarde, Mediapro rectificó a medias y aseguró que todos los medios podrán acceder gratis a la sala de prensa para cubrir intervenciones políticas en directo, siempre y cuando no haga uso de los servicios de wifi o traducción simultánea que ofrecen.

La organización especificó a ABC que ayer hubo 400 medios acreditados, cuyos profesionales tuvieron que pagar por cumplir con su trabajo. Y por si fuera poco, el PP de Barcelona pidió explicaciones a Colau acerca del uso de un edificio del que el Ayuntamiento es copropietario.

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