La Guardia Civil investiga a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por cohecho y prevaricación en el caso Púnica. Según apuntan varios medios una serie informes de la Guardia Civil incorporados al sumario de esta trama de corrupción vinculan a Cristina Cifuentes con la financiación irregular del Partido Popular en Madrid.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el 1 de marzo de 2017 concluye que la presidenta regional incurrió en actividad sospechosa en la adjudicación del contrato que el empresario Arturo Fernández se llevó en la Asamblea de Madrid.
«Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente informe policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho. En relación a lo anteriormente citado se aprecia la presunta participación de Cristina Cifuentes y otras tres personas», explica dicho informe.
Durante el periodo que la Guardia Civil investiga Cristina Cifuentes desempeñaba el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y el empresario hostelero Arturo Fernández obtuvo varios contratos de suministro y servicio a la Cámara regional.
Además, Fernández habría entregado dinero a Fundescam que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP. La Guardia Civil destaca que Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular.
En la adjudicación de esos contratos para Arturo Fernández «habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuetes Cuenca», explican los informes de la UCO.
Según la Guardia Civil, Cifuentes habría formado parte de las mesas de contratación para favorecer al grupo Cantoblanco mientras que el empresario Arturo Fernández financiaba al partido al que ella pertenecía.
La actual presidenta madrileña estuvo al frente de dichas mesas, como vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, que la Asamblea de Madrid adjudicó en el año 2011 al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería de Arturo Fernández.
Asimismo, la Guardia Civil insiste en en que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid compatibilizó su pertenencia al órgano de contratación de la asamblea y el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam y el comité de campaña electoral del PP. Tal y como añaden los investigadores, esta circunstancia es «contraria a la legalidad y vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación».
