Independencia de corruptos

Durante años, en Cataluña se presumía de ser una comunidad inmune a la corrupción. Los años del “oasis” consagraron el mito de una región bien administrada, un espejismo que se prolongó incluso cuando los primeros grandes casos de corrupción asolaban otras regiones españolas, de manera especial en el Levante. “Esto aquí no sucede”, se decía entonces. La corrupción, sin embargo, sí acabó llegando, y de qué manera. Por razones obvias, y con una CDC carcomida por la corrupción, pocos se atreven ya a señalar que la Itaca independentista estaría libre de corruptos.

La gestión sospechosa de recursos públicos no ha cesado, y la preocupación ciudadana por estos casos ha ido a más. Los barómetros que se hacen periódicamente en territorio catalán lo constatan: los últimos estudios del CIS estimaban que a los catalanes les preocupa casi tanto la independencia como la corrupción y, en una línea similar, el barómetro más reciente del CEO catalán, del pasado julio, situaba como los problemas más importantes en Cataluña –con solo tres puntos de diferencia entre ellos– el paro y la precariedad laboral, la relación entre Cataluña y España y la insatisfacción con la política –el apartado en el que encajan a los indignados con la corrupción, dado que desde 2012 la Generalitat quitó la palabra «corrupción» de estos informes–.

A pesar de que los protagonistas de muchos de los episodios han sido políticos catalanes de partidos que ahora promueven el secesionismo, los impulsores del referéndum independentista no han dudado en usar el fraude y la corrupción como un motivo más para defender la separación entre Cataluña y España. Ejemplo de ello son las recientes declaraciones del diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que comentaba recientemente que el 1-O la ciudadanía acudiría a votar para decir «Adiós corrupción. Bienvenida república».

El gobierno de JpSí ha vinculado reiteradamente la corrupción con el PP, ignorando los múltiples casos en su propia casa. El último de ellos, relacionado incluso con el actual presidente de la Generalitat e impulsor del 1-O, Carles Puigdemont.

Caso Palau

Los exresponsables del Palau de la Música, liderados por Fèlix Millet, saquearon la caja de la institución y al parecer CDCse benefició de ello. Se estima que el expolio superó los 22 millones de euros y que 3,7 de ellos, que lelgaban en forma de comisiones para conseguir obras públicas, fueron a parar a la formación política. El caso ha ido a juicio la pasada primavera y está visto para sentencia.

Caso ITV

Oriol Pujol, hijo del expresidente Jordi Pujol y que era diputado de CiU en el Parlament, estuvo implicado en una trama que cobraba comisiones a empresarios a cambio de amañar concursos para empresas que hacen inspecciones de vehículos. Este verano, Pujol aceptó una pena de dos años y medio de cárcel al reconocer que utilizó su influencia política para favorecer sus negocios.

Caso 3%

Destapado por los socialistas en pleno Parlamento en 2005, es otro escándalo de corrupción política relacionado con el cobro de un porcentaje del 3% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por parte del gobierno de la Generalitat de CiU. Se estima que al menos una veintena de macroproyectos estuvieron implicados en esta trama. Germà Gordò, diputado de CiU que abandonó el grupo de JpSí a raíz del caso, era uno de los responsables de los amaños. Por esta trama, la Guardia Civil acudió el pasado julio al Parlamento y a la Generalitat en busca de más pruebas.

Familia Pujol

Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrussola y sus siete hijos están siendo investigados por varios casos de corrupción y por tener una fortuna en paraísos fiscales, algo que se destapó en 2012 a raíz de saberse que la familia tenía cuentas en Suiza con dinero irregular. Tras haberlo negado, en 2014 Jordi Pujol confesó tener el dinero. Están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad.

Caso Pretoria

Emplazado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)durante el mandato de Bartomeu Muñoz (PSC), en 2009 se destapó un entramado ilegal que tenía que ver con blanqueamiento de dinero y que, tras destaparse del todo, dejó al descubierto casos de sobornos y corrupción urbanística. Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, altos cargos de la Generalitat durante los 80 y 90, estuvieron implicados en el caso por su tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El juicio quedará pronto visto para sentencia.

Caso Mercurio

Otro entramado en el que están implicados los socialistas, en este caso en Sabadell y por corrupción urbanística, que incluían pagos irregulares de comisiones, presiones y otros delitos contra la administración pública. Por esta trama un tercio del Ayuntamiento llegó a estar implicado, entre ellos su alcalde Manuel Bustos, que dimitió y se retiró de la política.

Caso Innova

Este caso de corrupción se ubica en Reus (Tarragona) y sus alrededores. Allí, Josep Prat, que era el presidente del Instituto Catalán de la Salud, tuvo que dimitir porque quedó imputado por una etapa anterior, cuando presidía el holding empresarial público Innova que acumuló unas deudas históricas de 369 millones de euros por pagos irregulares. El caso llegó a los juzgados a raíz de una denuncia de la CUP a la Fiscalía.

Caso Agissa

Es la última operación contra los políticos independentistas, lanzada esta misma semana contra el Ayuntamiento de Gerona que lideró el actual presidente, Carles Puigdemont. La investigación está buscando pruebas que corroboren el saqueo de Agissa, la empresa municipal de gestión del agua de Gerona, Salt y Serrià de Ter, en parte de la etapa de Puigdemont como alcalde. Puigdemont no está investigado como tal, de momento, pero sí otros siete cargos.

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