La jueza Lamela ordena a la Guardia Civil investigar las llamadas que hicieron los Jordis

Poco tiene que ver la forma de trabajar de la jueza Carmen Lamela al juez De la Mata que investiga desde años el Caso Pujol. Mientras la primera intenta actuar rápidamente y encarcela a los imputados, el segundo dilata el proceso e incluso facilita que los investigados puedan destruir elementos esenciales del caso.

Así las cosas, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha pedido este viernes a las entidades bancarias información sobre las cuentas y activos de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) y de Òmnium Cultural, y a la Guardia Civil que identique el tráfico de llamadas mantenido entre los cuatro imputados por sedición, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, los presidentes de la ACN y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y la intendente Teresa Laplana.

Fuentes jurídicas señalaron que la magistrada está interesada en el tráfico de llamadas mantenido entre los imputados, así como en los mensajes de textos que se hayan podido mandar entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre. También quiere información sobre las llamadas que hayan mantenido con otras personas que tengan relación con los hechos investigados.

La magistrada en varias resoluciones ha confirmado la medida que le había solicitado el instituto armado relativo a solicitar información sobre las cuentas y activos de ambas entidades soberanistas, así como su decisión de incorporar a la causa el último atestado de la Guardia Civil sobre la actuación de los Mossos el 1-O.

A bancos y cajas

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha hecho suya la solicitud que la Guardia Civil dirigía en su último informe a la jueza, consistente en que requiera a la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito cualquier información de la que dispongan sobre cuentas, depósitos o cualquier otro activo que conste a nombre de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

La petición de información a esas entidades es previa a la investigación formal de las cuentas e imprescindible de cara a acordar un futuro bloqueo de los activos de las entidades independentistas.

El último informe de la Guardia Civil remitido al procedimiento abierto por sedición contra los presidentes de ambas entidades y del ‘major’ Josep Lluis Trapero denuncia cómo la jefatura de los Mossos d’Esquadra protegieron a los organizadores del referéndum y actuaron de “brazo ejecutor” de los planes independentistas.

La magistrada ya ha notificado oficialmente “a los efectos oportunos” a la Generalitat la imputación del responsable policial en la Audiencia Nacional. La fiscalía pretende de esta forma que Trapero sea suspendido del servicio en aplicación del reglamento de los Mossos.

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