El intervencionismo más retrogrado y miope ha secuestrado los inocuos objetivos de la Agenda 2030 para imponer la asfixia a todo el que produce y el ataque a todo el que crea riqueza. Es aterrador ver que la misma Unión Europea, que se creó como un mercado común para defender la agricultura y la industria, se ha convertido en un rodillo fiscal y burocrático que ha hundido la industria y ahora va a por la agricultura.
El lector pensará que no tiene sentido que se intente destruir la agricultura ¿por qué lo van a hacer? Porque, queridos amigos, es la mejor manera de crear países rehenes dependientes de un poder político que llegue a acuerdos con otros productores y donde los sectores con mayor nivel de independencia de la burocracia sean castigados hasta desaparecer. Sí, los agricultores son una amenaza porque no pueden domesticarlos como a los sindicatos.
Durante años se le ha engañado al campo con el cuento siguiente: «Si aceptan más impuestos, trabas burocráticas y limitaciones mal llamadas medioambientales, los políticos pondrán trabas similares a los demás y eso protegerá al campo europeo». Era una falacia. Jamás se ha protegido a un sector expoliado extendiendo el expolio a los demás. No podemos olvidar una bochornosa Agenda 2030, que se ha utilizado para imponer absurdas medidas burocráticas, que no sólo no protegen el medioambiente, sino que nos hacen más dependientes de países a los que luego subvencionan. La combinación de fatal arrogancia del socialismo con el fatal silencio de los partidos aparentemente liberales ha llevado el intervencionismo a niveles que superan el absurdo.
La cadena alimentaria está dinamitada por impuestos y restricciones ridículas. El Gobierno aprovecha que el sector agrícola y ganadero está muy desagregado y son fundamentalmente microempresas familiares para expoliar sin control. Desde producción, almacenamiento, procesamiento, transporte, frío, distribución y comercialización son innumerables los impuestos directos e indirectos que se van acumulando y disparan el precio, además de hundir los márgenes. En un kilo de tomates los impuestos directos suponen el 20% del precio final, mientras el margen de toda la cadena no llega al 6%, pero esa historia ignora muchos impuestos que no se consideran a primera vista. No podemos olvidar la carga impositiva indirecta, el impuesto al CO2, impuestos en todos los insumos, etc.
En un kilo de tomates los costes de producción, almacenamiento, procesamiento, transporte y comercialización son el 41%, mientras la combinación de todos los impuestos encadenados directos e indirectos es casi el 48% dejando el beneficio –antes de impuestos- en menos del 11% para toda la cadena, según datos recopilados de Aproa y Coexphal. Mientras, el Gobierno intenta enfrentar a los distintos agentes de la sociedad civil para que no se fijen en el expolio que sufren, a los agricultores que generan un beneficio bruto de menos del 2% les dicen que la culpa es de los supermercados, que tienen un margen comercial del 2%… Y mientras tanto, el Gobierno, que se lleva el 48% del precio por distintas áreas, se parte de la risa.
El agricultor ha visto un aumento del 21% en los costes de producción en tres años y de eso se lleva su enorme pellizco el Estado, que recauda más cuanto más suben los costes al negarse a deflactar los impuestos con la inflación. Los costes de manipulado se han disparado un 9,7% y los costes de salida de almacén lo han hecho un 16,5%. Además de los impuestos en la energía, que suponen el 60% en la electricidad y el 55% en los combustibles, están los impuestos «verdes», que han aumentado otro 20% y toda la ristra de expolios.
Por si fuera poco, al campo se le ha ahogado con medidas intervencionistas ridículas haciendo que los agricultores y ganaderos tengan que pasar casi el 50% de su tiempo cumplimentando normas burocráticas y destruyendo su competitividad con restricciones a la producción, uso de pesticidas y gestión de residuos agrarios. Se ha utilizado la excusa de la Agenda 2030 para imponer leyes absurdas, sin sentido agronómico ni ecológico alguno. Sólo cumplen un objetivo ideológico de la ultraizquierda intervencionista: reducir la producción a toda costa.
Se asfixia al campo por obsesión ideológica y se obliga al cierre haciendo a las explotaciones inviables. No hay relevo generacional y las empresas van cerrando o vendiéndose porque es imposible sobrevivir a un ataque constante. El campo está siendo asesinado por mil cuchillos. Es vergonzoso que los intervencionistas, desde su púlpito auto concedido, tengan la vergüenza de insultar a agricultores y ganaderos mientras se convencen a sí mismos de que la Agenda 2030 o su utilización torticera no tienen la culpa, sino el supermercado.
Todos debemos apoyar al campo. Tienen razón y las trabas que sufren no se mitigan poniéndoles trabas a los demás. Hay que derogar esta política absurda de destrucción de todo el que produce y crea riqueza. Lo peor que puede hacer la oposición es ponerse de perfil y no liderar el cambio en la política de la burocracia europea y el Gobierno extractivo de España.
