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La «paguita» de Podemos causa furor en Marruecos: incitan a los marroquíes a venir a España para cobrar el ingreso mínimo vital

Una de las formas de dominio establecida por la oligarquía en proceso de concentración de poder y de la casta parasitaria –política, económica y mediática- es la generación de conflictos sociales, que luego administra a su conveniencia.

El conflicto más claro generado por esa trama de intereses esclavista es la inmigración. Relacionada con la burbuja inmobiliaria, para conseguir mano de obra barata, y aún más con genéricos e irresponsables efectos llamada, mediante la promesa de servicios “gratuitos” de educación y sanidad, y la introducción en la cultura de la subvención, la población española se ha incrementado artificialmente y lo ha hecho de forma que pone en riesgo la cohesión social mediante la ausencia de un mínimo de valores comunes y, con frecuencia, en abierta contraposición, como propugna esa especie suicida y estúpida del multiculturalismo.

De esa manera, se han producido, por una parte, procesos parasitarios de enriquecimiento de poblaciones dependientes de las ayudas estatales, que no pueden sostenerse, y , por otro, una demografía expansiva, que utiliza a su favor las contradicciones del sistema y complejos de culpa impuestos con machacona insistencia por los medios de comunicación.

“UN NUEVO COMPLEMENTO A SU OFERTA DE VIAJES»

Vox ha afirmado que “las mafias de tráfico de personas” están informando sobre el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno el viernes pasado, ofreciendo como “un nuevo complemento a su oferta de viaje” lo que para el partido de Santiago Abascal es “una renta mínima pagada por los españoles que llevan toda una vida trabajando”.

“Las mafias del tráfico de personas, con el apoyo de progres e incautos, ya están ofreciendo un nuevo complemento a su oferta de viaje: una renta mínima pagada por los españoles que llevan toda una vida trabajando”, dice un mensaje publicado por Vox en su cuenta de Twitter.

Junto al mensaje aparece un vídeo, previamente difundido por el secretario de Prensa y Comunicación del partido en Andalucía, Rubén Pulido, donde un hombre parece estar explicando en árabe el ingreso mínimo vital.

UN 18% DE LOS BENEFICIARIOS SERÁN EXTRANJEROS

A través del ingreso mínimo vital, se pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares, de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 460 y los 1.000 euros dependiendo de la composición del hogar.

Se estima que esta prestación llegue a 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores, y que un 18 por ciento de los beneficiarios serán extranjeros, unos 150.000.

Estos beneficiarios serán, en todo caso, extranjeros que tengan residencia legal en España durante al menos un año antes de la presentación de la solicitud, tal y como ha previsto el Ejecutivo, que no contempla esta prestación para las personas en situación irregular en España, pese a la petición de muchas ONG de que también puedan ser perceptores de esta prestación.

SE EXIGE AL MENOS UN AÑO DE RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA

Para acceder al ingreso mínimo vital, se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular.

Sin embargo, se contemplan algunas excepciones como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos, a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.

También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un “incentivo” al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.