La partición de la Seguridad Social y Trabajo en dos ministerios pese a que sus actividades están íntimamente relacionadas ya está generando verdaderos quebraderos de cabeza entre ambos departamentos, inmersos aún en las escaramuzas para definir claramente sus atribuciones y captar todos los recursos posibles que quedan en “tierra de nadie”. Como ya dio cuenta LA RAZÓN, tanto la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, como su homólogo en la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se han disputado la Inspección de Trabajo, que ha quedado finalmente encuadrada a las órdenes de Díaz, y aún tratan de definir quién se queda con las Consejerías laborales en el exterior, que se encuentran adscritas a Trabajo, pero también podrían pasar por su ámbito competencial a Migraciones, es decir, bajo control de Escrivá. Pero mientras se dirimen estos asuntos, ambos ministerios se han dado un mes de plazo para crear un órgano de coordinación para garantizar el funcionamiento “cohesionado” de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (cuya denominación completa será Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social) respecto a las actuaciones inspectoras que son competencia de la Administración General del Estado. Es decir, donde antes había un solo engranaje, ahora surgen dos con un mediador de por medio. El “divorcio” de ambos departamentos fue muy criticado por los inspectores de trabajo, que pidieron oficialmente su traspaso a la Seguridad Social por la estrecha vinculación de su desempeño a este departamento. Sin embargo, la ministra de Empleo se negó a perder la tutela de la llamada “policía laboral”, que quedó en un “limbo» entre los dos ministerios, y ofreció crear este puente como medida compensatoria.
La división de ministerios y distribución de competencias que ha realizado la coalición socialcomunista no sólo ha motivado la creación de un órgano de coordinación entre Trabajo y Seguridad Social, también entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades se ha establecido uno en materia de investigación y otro más entre el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para garantizar el funcionamiento cohesionado en relación con las competencias de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
