El pasado 26 de octubre la policía, por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, impidió que los Mossos d’Esquadra procedieran a destruir los documentos que transportaban en dos furgonetas en la incineradora de Sant Adrià de Besós (Barcelona). Desde entonces analiza la documentación intervenida para redactar un informe que entregará este lunes en el Juzgado Central de Instrucción número 3 en la causa que sigue por sedición contra responsables de la policía autonómica.
En el documento se reflejan actividades de seguimiento y control a políticos del ámbito no independentista, como la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, durante sus visitas a Catalunya, y el abogado José María Fuster Fabra, según adelantó este viernes el diario El Mundo. Pero no aparece ninguno relativo a actual líder del PP en Catalunya y candidato del PPC al 21-D, Xavier García Albiol, o el delegado del Gobierno en esa comunidad, Enric Millo, informan fuentes jurídicas.
Entre las conclusiones a las que llega la policía figura que los mossos «estarían vulnerando el principio básico de neutralidad política e imparcialidad», ya que a través del seguimiento y control a personas y políticos del ámbito no independentistas desarrollaban «una tarea de apoyo al desarrollo y ejecución de la llamada hora de ruta del independentismo, tratando por ello de controlar las acciones de aquellas entidades o personas que mostraban oposición al mismo, con el fin de subvertir el orden constitucional y la forma de Gobierno en una parte del Estado, poniendo para ello esta parte esencial del aparato de la Administración catalana a disposición de dicho fin».
Según el documento, Sánchez-Camacho tenía asignado un equipo de cuatro mossos «de marcada tendencia nacionalista» con la «instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de la protegida» al entonces conseller de Interior, Felip Puig.
