En la introducción de una crisis económica sin precedentes, con parecida respuesta aunque con más perfiles que en la crisis de 2008, la okupación ilegal de viviendas tanto de casas particulares como de entidades financieras y de fondos de inversión se ha disparado en España cerca de un 23% en los últimos dos años.
De las 7.739 viviendas o espacios ocupados de 2013, y los 12.200 en 2018, ahora pasaremos, según las previsiones, a 15.000 viviendas ocupadas para finales de 2020. Solo en este último semestre, y en comparación con el mismo, pero en 2019, la okupación ilegal ha crecido un 5%. O lo que es lo mismo, 41 okupaciones por día.
Llegada del Gobierno socialista
Este aumento coincide con la llegada del Gobierno socialista tras la moción de censura a Mariano Rajoy, que fue alentada y respaldada por Unidas Podemos, con Pablo Iglesias al frente. El líder de la formación morada siempre se ha mostrado entusiasta defensor de las plataformas contra los desahucios y de los escraches. Y también favorable a despenalizar las okupaciones, expropiar viviendas, fijar el precio de los alquileres, e incluso, en el año 2018 llevó al Tribunal Constitucional su contraria posición a que se agilizaran los desahucios de las viviendas okupadas. Todo un paquete de intervencionismo de la propiedad privada.
Hoy, la tibieza de los socialistas con Iglesias sigue siendo la tónica dominante ante un problema que no resolvió la reforma del Ley de Enjuiciamiento Civil de 2018, con la ley de desahucio exprés, que es de carácter nacional y donde las autonomías no tienen competencias. Los socialistas proponen la creación de la vivienda social, el combate a la pobreza energética o la recuperación de rentas básicas. Pero al propietario no le resuelven el problema.
Una ley ineficaz
La pretendida agilidad de los trámites por la vía civil, mediante el desahucio exprés -sin que sea necesario tener conocimiento de la identidad de las personas que ocupaban-, se ha visto frenada por el colapso de los juzgados. Ahora el PSOE tendrá que responder. Frente a esta situación, PP, Vox y Cs acaban de solicitar al Congreso un desarrollo de la ley antiokupa, más exigente, con penas de entre uno a seis años, más recursos para policías y guardia civil para desalojar en 48 horas, y con el impedimento de que los okupas puedan empadronarse.
El crecimiento del fenómeno okupa no cesa desde el año 2008. Desde entonces, hasta la fecha, el empeoramiento se ha elevado hasta un 58%. Son datos del Instituto Cerdá, que hablan de cerca de 100.000 viviendas okupadas -basándose en el número de denuncias-, otras 100.000 viviendas aproximadamente sin registrar, pero en igual situación; 200.000 propietarios afectados, y desde luego más de 200.000 familias que se aprovechan de esta peculiar modalidad de vivienda.
A las quejas permanentes de los propietarios, se añaden ahora las de las asociaciones de agentes inmobiliarios, colegios oficiales de Agentes de la Propiedad, las CCAA, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las de los vecinos de comunidades, que en general, son los primeros perjudicados cuando las viviendas pertenecen a entidades financieras o fondos de inversión.
La actual normativa acoge el desarrollo de una vía civil para el propietario privado, con el fin de que vayan más rápidos los trámites de las denuncias. Eso significa que es necesaria la presentación de una demanda de desahucio en un plazo de 48 horas, y que si informado el okupante, y pasado un periodo de cinco días desde su notificación en el que no ha demostrado ni una sola factura que convalide el alquiler de la vivienda, el juez procede al desalojo.
Pero no todo es tan rápido como lo explica la ley. Los juzgados en España están colapsados. Así que la recuperación de una vivienda no se resuelve normalmente entre tres y cinco meses. Puede durar años, y mientras el propietario se sigue haciendo cargo de los gastos de IBI, hipotecas y gastos varios. Además, los okupas suelen presentar facturas falsas, lo que retrasa el trámite judicial. Por otra parte, los poderes públicos tienen que ofrecer soluciones de exclusión social, especialmente a los sectores más vulnerables, de manera que algunos desahucios se complican mucho si en su interior hay menores o personas vulnerables, porque las autoridades tienen que ofrecer una vivienda social en un periodo de siete días.
De momento, el único avance ha venido de la mano del fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, que acaba de dictar una instrucción que da vía libre a que policías y la guardia civil actúen en los domicilios okupados sin necesidad de orden judicial. De otra parte, la Policía aconseja la instalación de alarmas, porque cuando estas saltan ya no se actúa con el protocolo de las okupaciones, sino contra un robo o allanamiento de morada. Y ahí ya no hay discusión judicial.
(El Economista)
