El anunciado, a bombo y platillo, aumento del salario mínimo es una buena noticia que, sin duda, habrá llenado de desasosiego y perturbación a la tradición más conservadora del pensamiento económico, dominante en las universidades, los centros de investigación, los servicios de estudio de los bancos y las escuelas de negocio.
Esta tradición ha defendido, y todavía defiende, que la mera existencia del salario mínimo –no sólo su fijación en un nivel “elevado”- es contraproducente, es un factor de perturbación para el funcionamiento eficiente de la economía. Pongo entre comillas el término “elevado” porque para estos economistas -que, por cierto, habitan en la zona más confortable de la sociedad, disfrutando de una posición privilegiada y percibiendo elevadas retribuciones- ese nivel debe ser cada vez más bajo.
Desde ese relato se argumenta que la reducción del salario mínimo o, mejor aún, su eliminación contribuiría a la creación de empleo, precisamente entre los trabajadores con una situación más precaria, aquellos que ofrecen en el mercado de trabajo menos cualificación. La retribución de estos colectivos, muy inferior al promedio recibido por los trabajadores, compite con el salario mínimo, por lo que su reducción o su eliminación actuaría de estímulo entre las empresas, que verían de este modo reducirse los costes de contratación, con el consiguiente aumento del empleo.
Numerosos estudios han puesto de manifiesto, sin embargo, que la represión salarial (moderación de los costes laborales, según el tramposo lenguaje oficial) no permite aumentar el nivel de empleo, sino todo lo contrario; y que los salarios bajos, además de lastrar la demanda agregada, actúan como freno a la renovación y modernización de las capacidades productivas. Pero, como otros tantos axiomas defendidos desde la economía convencional, la acumulación de reflexión teórica y de evidencia empírica en su contra no ha servido para pasar página.
Mucho tiene que ver esta “inercia estructural” con la ideología profundamente conservadora de quienes defienden estos planteamientos; y mucho está relacionado con que los salarios bajos –también el mínimo- están siendo uno de los factores clave para la recomposición de los beneficios y para que las relaciones de poder se inclinen peligrosamente a favor del capital y en contra del trabajo.
Pese a que el Partido Popular está impregnado hasta la médula de esa ideología y de que sus políticas benefician con descaro a las elites, los periódicos y los informativos de radio y televisión han colocado en las cabeceras la decisión tomada por el gobierno de Mariano Rajoy, negociada con las centrales sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, y las patronales CEOE y CEPYME, de aumentar el salario mínimo. Si está decisión se concreta –volveré sobre este “pequeño detalle” más adelante- se situará en los 736 euros en 2018, con la previsión de que en 2019 alcance los 773 euros y en 2020 los 850 euros.
Eduardo Garzón ha realizado una serie de consideraciones al respecto de esta medida que comparto en lo fundamental. Aquí tan sólo me centraré en un asunto, el de la “condicionalidad”. Para que la decisión del salario mínimo tenga validez el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) tiene que superar el 2,5% y se tienen que crear más de 450 mil empleos.
No se trata sólo, que también, de reparar en que los pronósticos de la economía española se encuentran rozando o por debajo de ese porcentaje. Según las estimaciones de la Comisión Europea el aumento del PIB será en 2018 y 2019 del 2,5% y 2,1%, respectivamente; el Fondo Monetario Internacional coincide en el pronóstico y anticipa una sustancial desaceleración en los años siguientes.
Así pues, muy posiblemente, el criterio del crecimiento no se cumplirá. Pero la cuestión presenta otra vertiente, todavía más relevante: simplemente, el aumento del salario mínimo no se puede hacer depender del crecimiento económico. Estamos hablando de derechos ciudadanos, de democracia, de dignidad, de lucha contra la pobreza y la exclusión social…esas son las razones que hay que hacer valer para exigir una mejora sustancial del salario mínimo. No olvidemos, además, que todavía el nuestro está situado por debajo de las recomendaciones de la propia Comisión Europea (un 60% del salario promedio). Tampoco es de recibo, vincular el aumento del salario mínimo y la creación de una determinada cantidad de empleos, pues dar por buena esa lógica significa aceptar, de una manera u otra, que dicho aumento afecta de manera desfavorable a la dinámica ocupacional o que solamente con más empleo se cubre el coste de un salario mínimo más elevado.
Todo ello resulta insólito e inaceptable. Se ha financiado generosamente a los grandes bancos en dificultades sin exigir ninguna contrapartida a cambio, las grandes corporaciones soportan una carga tributaria que nos coloca cerca de la categoría de paraíso fiscal, las empresas transnacionales practican continuadamente la ingeniería contable para no pagar impuestos, nada se hace para combatir con eficacia y contundencia la evasión fiscal a la que se entregan con avidez los ricos… pero, eso sí, una modesta subida del salario mínimo está sujeta a condiciones.
Mi sorpresa e indignación no está sólo en las “condiciones” que deben cumplirse para hacer efectivo el aumento del salario mínimo, sino que las centrales sindicales firmantes del acuerdo y algunos economistas críticos hayan aceptado o pasado de puntillas sobre estas exigencias.
—–
Fernando Luengo
Economista y miembro del círculo de Chamberí
