La mayoría de asociaciones de defensa del consumidor han cargado duramente contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de las hipotecas, después de que el alto tribunal haya decidido que, de nuevo, debe ser el cliente el que lo pague.
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Así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, por su «gestión pésima» del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia favorable a los bancos que califica de «bochornosa».
Así lo ha dicho Enrique García, portavoz del Organismo, después de conocer que el Tribunal Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de AJD vinculados a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.
A juicio de la OCU, se trata de una decisión sin precedentes que va en contra de la jurisprudencia del propio Tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España.
Considera, además, que pone en entredicho la independencia del poder judicial que se ha visto «doblegada por los intereses económicos de la banca» en perjuicio de los millones de familias hipotecadas.
Y tras considerar que afecta a la credibilidad del Supremo, pide la dimisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Díez-Picazo, por su «nefasta gestión» que «en tiempo récord ha doblado el pulso de la verdadera justicia».
La OCU espera que, al igual que sucedió en el caso de la cláusula suelo, el Tribunal de Justicia del Unión Europea (TJUE) rectifique la sentencia y pide que «ahora más que nunca» se elimine el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que penaliza a los que tienen que recurrir a una hipoteca para adquirir una vivienda
Por su parte, la organización de consumidores Facua Consumidores en Acción considera que la decisión del Supremo es una «absoluta aberración» y denuncia que el alto tribunal le hace «un gran favor a los banqueros».
«La decisión del Supremo nos parece una absoluta aberración», ha dicho a EFE el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien ha añadido que «no nos sorprende en absoluto, ya que era una de las posibilidades que barajábamos con mayor nivel de probabilidad».
Sánchez aseguró que con esta decisión el Tribunal Supremo «le hace un grandísimo favor a los banqueros».
Para Facua, el Supremo ha actuado «de la misma manera» que en el caso de las cláusula suelo.
«Se ha tomado una decisión que nos parece sencillamente política, impropia del poder judicial, una decisión que supone salvar a la banca de abonar miles de millones de euros. Además de lo aberrante que es rectificar una sentencia del propio Tribunal Supremo que era absolutamente clara, que no dejaba lugar a dudas y no tenía resquicios en cuanto a la posible interpretación», ha destacado Sánchez.
También la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, ha tildado hoy de «indignante» la rectificación del Tribunal Supremo, al que ha acusado de plegarse a los intereses y la «presión del lobby financiero e inmobiliario».
Delgado ha considerado que este cambio de criterio en el TS es un «reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros».
«No puede ser que no se tenga en cuenta a los consumidores y por ello hay que replantear la justicia española, ya que las instituciones deberían velar por los ciudadanos y no por los grupos de presión», ha añadido la portavoz de la PAH.
Desde la web Reclamador, aseguran que, “una ley que genera tantas dudas en los máximos intérpretes de la ley no es una buena ley y una Sala que decide con tantas filtraciones no parece el mejor modo de demostrar y garantizar su independencia”.
En palabras del Director Legal de reclamador.es, “el peor escenario posible para los hipotecados se ha confirmado. Se trata de una decisión tremendamente perjudicial para los clientes hipotecarios. El Alto Tribunal da la espalda a los prestatarios, obligándoles a asumir el pago de un tributo que supone, según la comunidad autónoma, entre el 0,5% y el 1,5% sobre el importe de la responsabilidad hipotecaria. Pese a esto, los consumidores pueden seguir reclamando en los Juzgados civiles la abusividad de la cláusula de gastos de hipoteca, incluyendo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, apoyando su reclamación en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han declarado que los efectos de la abusividad no se pueden moderar ni integrar. El banco que impone al consumidor una cláusula abusiva que se declara nula no se puede beneficiar de ello, la nulidad tiene un efecto disuasorio e implica reponer al consumidor en la situación en que se encontraría si la cláusula no existe, restituyendo la totalidad de lo pagado en cumplimiento de la misma”.
El máximo responsable legal de la compañía online de servicios legales explica que “no hay que tirar la toalla. No todo está perdido respecto al sujeto pasivo del impuesto AJD. Queda la justicia europea, donde ineludiblemente se deberá acudir, mediante la interposición de una cuestión prejudicial, para resolver este asunto legal. Cuestión prejudicial que ya veníamos proponiendo hasta ahora en reclamador.es y que seguiremos formulando para salvaguardar los intereses de los consumidores hasta que haya un pronunciamiento definitivo. Esperemos que tenga el mismo resultado final que en otras cuestiones planteadas al TJUE, como en el caso de las cláusulas suelo, donde este tribunal ya contradijo al Supremo español”.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho que «hay que respetar» las resoluciones judiciales, tras conocer que el Tribunal Supremo (TS) ha decidido que sea el cliente y no el banco el que tiene que pagar el impuesto de las hipotecas.
En los pasillos del Senado, una vez conocida la decisión del Tribunal Supremo, Valerio se ha referido muy brevemente al criterio establecido por el alto tribunal respecto al impuesto hipotecario, simplemente para recordar la obligación de respetarla.
Tras dos días de deliberaciones, el pleno de la sala de lo contencioso administrativo ha decidido, por 15 votos contra 13, rechazar los recursos planteados y recuperar la doctrina anterior de octubre, de modo que sea el hipotecado el que asuma la tasa.
Paralelamente, se han pronunciado asociaciones de magistrados, como la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) cree que el Tribunal Supremo debe tener «razones poderosas» para «contradecir lo que dicen los jueces especialistas en derecho tributario» con su decisión sobre las hipotecas y considera que el daño hecho a la Justicia es irreparable.
«Si se hubiera gestionado bien desde el principio no se habrían generado esas expectativas en los ciudadanos, y ahora esta frustración», ha señalado a Efe el portavoz de esta asociación, Ignacio González Vega, después de que el Supremo haya acordado que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca.
JJpD augura no obstante que todavía queda por delante «un largo camino» y que los consumidores recurrirán a la justicia europea.
A la espera de conocer y estudiar los argumentos que esgrime el Supremo, insiste el portavoz, es de esperar que sean «suficientemente convincentes para rebatir los argumentos de los especialistas».
La asociación ya pidió la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis Díez-Picazo, por su «nefasta gestión» del caso al abocar este asunto a pleno el día después de que se conociera la sentencia en la que se establecía que eran los bancos los que debían asumir el impuesto.
Consultada por Efe, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha preferido no pronunciarse hasta no conocer en detalle los fundamentos jurídicos de la decisión del Tribunal Supremo.
