A la hora de enfermar, no es lo mismo hacerlo en el sector público que en el privado. Al menos, en lo que al periodo de baja se refiere. La duración media de los procesos por enfermedad común de un trabajador del sector público es de 49,3 días, frente a los 33,03 días que permanece inactivo por el mismo motivo un empleado de una compañía privada, lo que arroja una diferencia entre ambos casos del 49,26%. Así lo estima la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) en su informe sobre el absentismo laboral del primer semestre del año al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Aunque en ambos casos el periodo se ha reducido (un 2,57% en el sector público y un 1,43% en el sector privado respecto al mismo periodo del año pasado), si se toma en cuenta un periodo más amplio, desde 2012, la evolución ha sido muy dispar. Mientras que en el caso del sector privado la duración media de las bajas ha pasado de 35,1 días a 33,03, en el caso del público, ese tiempo se ha disparado. Ha pasado de 35,44 días a los 49,3 que marcó entre enero y junio, un 39% superior. Y ello a pesar de las penalizaciones que introdujo el Gobierno hace seis años. En 2012, dentro del plan de recortes a los funcionarios que puso en marcha Mariano Rajoy, se aprobó aplicar un descuento del 50% del salario durante los tres primeros días de baja por enfermedad y del 25% entre el cuarto y el vigésimo día. La penalización fue eliminada el pasado mes de marzo tras la firma del II Acuerdo para la mejora del empleo público, aunque no fue hasta julio cuando se materializó.
Sin embargo, el número de bajas por enfermedad común iniciadas mensualmente por cada 1.000 trabajadores es mayor en el sector privado que en el público. En el primer caso alcanza los 29,21 procesos, por los 26,86 del segundo. En cuanto al gasto por día indemnizado, alcanza los 31,24 euros por día para los asalariados del sector privado, por los 40,25 euros del público. La diferencia en este punto estriba en que las bases reguladoras son mayores en la administración que en las compañías privadas, explican desde AMAT.
Las bajas ocasionadas por contingencias profesionales –accidentes o enfermedades de trabajo– están más a la par. La duración media en el caso del sector público es de 39,25 días, por los 36,60 días del privado. En el caso de la incidencia media mensual, es mayor en las compañías que en las administraciones, 3,73 casos por cada 1.000 trabajadores en el primero y 2,98 casos en el segundo. El gasto por día indemnizado es de 53,25 euros en el caso de los asalariados públicos y de 38,56 euros en el sector privado.
El absentismo laboral es uno de los grandes caballos de batalla de los empresarios. Aunque no hay cifras oficiales, la OCDE estima que España y Suiza son los países más afectados por un problema que genera pérdidas muy abultadas a las compañías. El año pasado, esta práctica implicó un coste total que asciende hasta los 76.449 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,58% interanual, según datos del VII Informe sobre Absentismo publicado por el Grupo Adecco, en colaboración con AMAT, FREMAP, la Universidad Carlos III de Madrid, la UNED y Sánchez de León Abogados. La «factura» que dichas bajas laborales representaron para las empresas superó los 6.270 millones de euros, a los que habría que sumar el coste de oportunidad –los bienes y servicios que se dejaron de prestar o producir–, que ascendió hasta casi los 64.000 millones. La tasa escaló hasta el 5%, su máximo histórico, tras dispararse un 21% desde 2004.
La evolución del absentismo ha demostrado que está íntimamente ligado a ciclo económico. Cuanto peor va la economía, menor es el nivel de absentismo. Y viceversa. De hecho, cuando España comenzó a crecer con fuerza, por encima del 3%, el efecto «crisis», también denominado «miedo», que se refiere a la reducción del absentismo por el temor a perderlo, se redujo.
