Ramiro Grau Morancho.- Estos días pasados he tenido que ayudar a algunos familiares y amigos, todos ellos de avanzada edad, a cumplimentar los bonos sociales, que teóricamente les permitirán obtener una reducción en sus facturas. Excuso decirles que lo he hecho gratis et amore, como se hacen las cosas importantes en la vida.
En primer lugar decir que aunque tengo tres carreras universitarias, y ninguna regalada, me las he visto y deseado para entender las “normas” de las compañía eléctricas y de gas, los innumerables documentos que exigen, los requisitos, que son prácticamente ininteligibles, etc.
La única explicación plausible que le encuentro es que se trata de poner palos a la rueda de los solicitantes, de forma que al final desistan de solicitar esas ventajas, y así las compañías suministradoras, (en cuyos consejos de administración se sientan todos los ex presidentes del gobierno, ex ministros de industria, y una buena parte de los ex ministros, y conviene no olvidarlo), puedan seguir robándonos impunemente.
Voy a explicar el sistema de ENDESA, suministradora de referencia en Zaragoza, vamos la que ostenta prácticamente el monopolio, como heredera de la antigua Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.
En primer lugar, no se puede solicitar conjuntamente la reducción de tarifas eléctricas y de gas, pese a que la empresa ha captado a la mayoría de los clientes para ambos suministros, con el señuelo de una reducción del diez por ciento, no sé si en una o en ambas tarifas, supongo que siempre en la que haya que pagar menos.
La documentación correspondiente al ramo eléctrico hay que enviarla a un apartado de correos de Sevilla, pero eso sí, por correo ordinario, para que luego puedan decirte que no la han recibido, ¡y se queden tan panchos!
Lo lógico sería que una vez presentados los documentos pertinentes, y acreditada la situación de necesidad, pensiones reducidas, personas viudas, desempleados, etc., se aplicara la tarifa bonificada a ambos suministros… Eso sería lo lógico, pero no es cómo actúan ellos, que exigen la presentación por duplicado de la documentación pertinente.
Y no solo eso, sino que para intentar que la gente crea que es fácil, han colgado en internet un “Formulario solicitud Bono Social”, que es un auténtico fraude informático; al menos, lo parece. O yo soy tonto, que también es otra posibilidad, no descartable, en absoluto.
Una vez se facilitan los datos del cliente, mediante su NIF o NIE, debe introducirse el número de contrato, y, seguidamente, el número de cuenta bancaria donde se tienen domiciliados los pagos. Pues bien, en cuanto pones los dos primeros datos, automáticamente la hoja “salta”, desaparece del ordenador, y es imposible seguir adelante con la operación.
Pero esto repetido durante media docena de veces, por lo menos, con lo cual uno acaba jurando el hebreo, y más cuándo hay un apartado el final de la primera página (para mí, única), en la que dice “siguiente paso”, y teóricamente se pasaría a una segunda o posteriores hojas.
El único “problema” es que es imposible avanzar en la aplicación, pues como ya digo está preparada –no creo que sea casualidad- para borrarse los datos introducidos, y tener que volver al principio, de forma que ni siquiera puedes ver la siguiente o siguientes hojas, la documentación que debes acompañar, etc.
En definitiva, si a una persona con tres carreras universitarias le es imposible rellenar este “Formulario solicitud Bono Social”, imaginen ustedes como podrán hacerlo la mayoría de los clientes de esta empresa.
Concluyo ya: fraudes permitidos, o por lo menos tolerados, por el desgobierno actual, y por el anterior. Supongo que a cambio de futuras butacas en los consejos de administración de estas compañías, y retribuciones anuales de varios cientos de miles de euros.
Lo único que está en mi mano es denunciarlo, para que la opinión pública sepa lo que pasa, y al desgobierno se le caiga la cara de vergüenza, y exija a estas empresas que cumplan con las leyes y normas reglamentarias correspondientes.
España se parece cada vez más a Venezuela, por desgracia para todos.
*Abogado, profesor universitario de Derecho y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
