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Ley de memoria democrática: el cambio de régimen que ansían los nietos de quienes perdieron la guerra

Hace 20 años era impensable que un presidente del Gobierno fuera a desenterrar a Franco y planeara demoler la cruz del Valle de los Caídos. Menos aún que lo hiciera invocando “la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”. Pero si hemos llegado hasta aquí -aceptando la institucionalización del guerracivilismo- es por la desidia de quienes podrían haber frenado la espiral de revanchismo que España sufre desde que Zapatero aprobara la ley de Memora Histórica en 2007

El argumento empleado entonces para justificar la nueva legislación apelaba al dolor de los familiares de las víctimas fusiladas durante la guerra. Pronto se demostró que no tenía sentido: para desenterrar un cadáver no es necesaria una ley, los ayuntamientos llevaban años otorgando estos permisos de exhumación. Entonces, ¿para qué se hizo? El acento se ponía exclusivamente en las víctimas de un bando, el franquista, al que se sometía a una especie de juicio de Núremberg. El espíritu de la ley deslegitima al bando sublevado y el posterior régimen de Franco. Zapatero no disimulaba y, tras cenar con Santiago Carrillo la noche que retiró -de madrugada- la estatua ecuestre de Franco en Madrid, fue el primer presidente de la democracia que se identificaba con un bando (“me considero rojo”, confesó en la revista Marie Claire en 2005). Desde entonces los homenajes a las Brigadas Internacionales y los cambios en el callejero se han sucedido en toda España combinando sectarismo e ignorancia a partes iguales. El mejor ejemplo ocurrió en Sevilla, donde PSOE e IU le quitaron la suya al general Francisco Merry Ponce de León, héroe de la guerra de Cuba y militar en la reserva desde 1932. Es decir, no fue uno de los sublevados. En su lugar, el alcalde socialista Monteseirín le dio la calle a Pilar Bardem, cuya única vinculación con la ciudad fue haber nacido en ella. 

Con estas distracciones era fácil pasar por alto lo sustancial de la ley: la deslegitimación del Rey Juan Carlos y, por tanto, de la Transición de 1978. El preámbulo de la ley de Memoria Histórica no lo dice tal cual, sencillamente “asume la condena del franquismo”. La realidad es que el Rey Juan Carlos no habría podido gobernar sin Franco y la monarquía no se hubiera reinstaurado en España sin el franquismo. Condenar el franquismo, por tanto, lleva en última instancia a atacar a la Corona.  

El Estado no sólo se posiciona a favor de uno de los bandos de la guerra, sino que aspira a eliminar cualquier discurso disidente

Sin la ley de Zapatero y su mitificación de la Segunda República es imposible entender la ley de Memoria Democrática aprobada ahora por el consejo de ministros. Se trata de un paso más para dinamitar la Transición en que los españoles que hicieron la guerra se perdonaron. Cuatro décadas después, sin embargo, los nietos del bando republicano aspiran a desenterrar el hacha de guerra imponiendo por ley una verdad oficial sobre nuestra historia más reciente. Y no sólo eso: contempla multas económicas para los disidentes. Serán sancionados desde los 200 hasta los 150.000 euros quienes cometan “actos de exaltación de la contienda o del régimen que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de los represaliados”. Todo régimen sancionador aspira al efecto disuasorio y en este caso al régimen de opinión única aplicando la censura de facto. ¿Es exaltación del franquismo decir que a la muerte del general Franco en 1975 España tenía un 3% de paro? ¿Es exaltación del franquismo decir que propició el mayor crecimiento de la historia de España? ¿Es exaltación del franquismo decir que España era en 1975 la octava potencia económica? Esta misma legislatura podríamos salir de dudas. 

El Estado no sólo se posiciona a favor de uno de los bandos de la guerra, sino que aspira a eliminar cualquier discurso disidente. La aplicación de este gigantesco rodillo ideológico pasará por encima del Estado de derecho y de libertades fundamentales como la de expresión. Perdida la Batalla del Ebro, la ofensiva impulsada por los nietos de quienes perdieron la Guerra Civil se libra 85 años después en tres frentes: judicial, político y educativo. 

Además de las multas, la ley del PSOE prepara la creación de una fiscalía específica de Memoria Democrática y Derechos Humanos para investigar hechos acaecidos durante la Guerra Civil, la dictadura y la Transición. También se estudiarán las incautaciones de bienes. 

En el plano político, como es norma de la casa, se subvencionarán a las asociaciones afines para no sólo crear redes clientelares, sino mantener la hegemonía política y cultural. Y mientras riegan con dinero a los suyos pretenden ilegalizar a la Fundación Francisco Franco y disolver la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. ¿Se atreverán también a volar la cruz más grande de la cristiandad? El Gobierno asegura que la pervivencia de la primera organización “es incompatible con el respeto a las víctimas, a las que considera humilladas y menospreciadas” y la segunda sus fines “con los principios y valores constitucionales”.

La guinda del pastel, en este caso, será la exhumación de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, a quien fusiló el Gobierno del Frente Popular en contra del criterio del tribunal que lo juzgó en Alicante en el otoño de 1936

El tercer frente es el que menos revuelo mediático ha creado pero quizá sea el más importante: la guerra de las aulas. El PSOE echará sus garras sobre profesores y alumnos. Y así lo reconoce el artículo 45, cuyo título es para echarse a temblar: “Medidas en materia educativa y de formación del profesorado”. El punto primero recoge que “se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato”, mientras que el segundo dice así: “Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática”. Igual que las leyes de género quieren adoctrinar a los jueces en “perspectiva de género”, la ley de memoria democrática ‘enseñará’ a los profesores qué fue lo que ocurrió en España entre 1936 y 1975. La guinda del pastel, en este caso, será la exhumación de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, a quien fusiló el Gobierno del Frente Popular en contra del criterio del tribunal que lo juzgó en Alicante en el otoño de 1936. Es probable que esto no lo enseñen los profesores en las escuelas, pero José Antonio pidió el fin de la guerra desde prisión y propuso un gobierno de unidad nacional presidido por Diego Martínez Barrio. Es probable que tampoco cuenten a los alumnos la carta que José Antonio escribió cuando conoció su fatal destino. “Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas calidades entrañables, la Patria, el Pan y la Justicia […] Perdono con toda mi alma a cuantos me hayan podido dañar u ofender, sin ninguna excepción, y ruego que me perdonen todos aquellos a quienes deba la reparación de algún agravio grande o chico”.


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