El Gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para incorporar a su legislación el anteproyecto de ley de la Unión Europea por el que los asesores fiscales estarían obligados a renunciar al secreto profesional que hasta ahora les protege e informar a Hacienda sobre cualquier operación con riesgo fiscal que detecten en sus clientes
Esta nueva directiva afectaría a todos los intermediarios fiscales –entre los que se incluyen asesores, abogados, gestores administrativos, titulares mercantiles y economistas, entre otros–, que estarían obligados a denunciar cualquier operación financiera transfronteriza –desde España hacia cualquier país extranjero– de sus clientes cuyo objetivo sea eludir fraudulentamente el pago de impuestos o la evasión de capitales.
Hacienda ya ha iniciado los trámites para la transposición de esta directiva, la UE 2018/822, aprobada el pasado 25 de mayo de 2018, por la que se obliga al intercambio automático y obligatorio de información fiscal de operaciones financieras internacionales en todos los países de la Unión Europea. Esta directriz implica directamente al ámbito del secreto profesional del sector, que teme que el Gobierno aproveche esta nueva legislación para recortar ese derecho hasta ahora regulado y que ahora puede verse sin amparo legal.
En concreto, las autoridades comunitarias pretenden crear un «marco transparente» para el desarrollo de la actividad económica con el objetivo de «poner freno a la elusión y la evasión fiscales en el mercado interior, y luchar contra la planificación fiscal agresiva y el fraude». Y para ello, el anteproyecto propone ampliar el control informativo sobre los asesores fiscales, a los que a partir de ahora les otorga la obligación de informar de cualquier tipo de operación financiera que conlleve implicaciones fiscales. Según el apartado 3 de este anteproyecto sobre la exención de responsabilidad, «el cumplimiento por los intermediarios de la obligación de información de mecanismos de planificación fiscal a la que se refiere la Directiva no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o normativa». El objetivo, por tanto, de esta directriz es garantizar «el intercambio automático y obligatorio» de información fiscal relevante de operaciones transfronterizas susceptibles de investigación entre todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Sin embargo, la nueva legislación abre la puerta a cierta independencia de los asesores a la hora de trasladar esta información confidencial. La directiva establece que será cada uno de los Estados el que decida «dispensar» a los intermediarios fiscales del deber de informar a Hacienda cuando exista una regulación específica del secreto profesional, como ocurre en nuestro país.
Las asociaciones que agrupan a este colectivo ya han hecho saber a la Administración este extremo, por lo que esperan que se tenga en cuenta esta dispensa. Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Antonio Jiménez, director del Gabinete de Estudios, confirmó ayer a LA RAZÓN que «se trabaja con la Administración para conseguir que se haga una ley justa y homogénea en todos los países europeos». Para Aedaf esa es la clave, ya que, si no fuera así, podría haber países en los que se mantenga el secreto profesional y en otros no. «Sería un flagrante caso de competencia desleal y no solucionaría lo que se quiere lograr. Regular sí, pero para todos igual». Los asesores tienen hasta el 15 de julio para presentar alegaciones a Hacienda.
