Los detalles de la resolución que proclama la independencia de Catalunya

“Constituir una república catalana como estado independiente, soberano, democrático y social”, esta es la declaración de independencia concreta que se ha incluido en las propuestas conjuntas de Junts pel Sí y la CUP, y que ha sido aprobada por el Parlament a las 15:27 horas de este viernes por 70 votos a favor, 10 en contra y dos votos en blanco. La propuesta de resolución proclama por tanto la independencia y el proceso constituyente. Tanto JxSí como el PPC han reclamado que se llevara a cabo una votación secreta y así se ha aceptado después de otra votación. Por su parte, los partidos constitucionalistas se han ausentado del Parlament.

“Constituimos la república catalana como estado independiente soberano, democrático y social”, señala en el seno de la primera resolución de las dos que contiene el documento presentado y firmado por los dirigente de JxSí ya la CUP Lluís Corominas, Marta Rovira, Mireia Boya y Anna Gabriel. Aunque la frase es muy contundente, las resoluciones redactadas son muy amplias e incluyen la llamada ‘Declaración de los Representantes de Catalunya’, que los diputados de ambos grupos independentistas firmaron el pasado 10 de octubre, después de que el propio president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejara en suspenso dicha declaración de independencia.

Pero las propuestas de resolución se establecen los pasos para emprender el nuevo camino como estado independiente primero, con instrucciones en le ámbito social, jurídico y económico, y luego se insta a la declaración del inicio y apertura del proceso constituyente, donde aquí si que se encontrarían las elecciones. Entre las medidas más llamativas de la primera propuesta aprobada se incluye la necesidad de “abrir una investigación para determinar las responsabilidades del Gobierno español” en los incidentes del referéndum del pasado 1-O.

Se trataría de una comisión de investigación que estará formada por diputados de los grupos parlamentarios, expertos nacionales e internacionales, de la Oficina Antifrau, la Sindicatura de Greuges y de la abogacía catalana. También contaría con representación de entidades internacionales de defensa de los derechos humanos.

Entre las medidas más llamativas se incluye la voluntad de “abrir una investigación para determinar las responsabilidades del Gobierno español” en los incidentes del referéndum del pasado 1-O

En esta propuesta de resolución se indica que la constitución de la república catalana es “fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya”, aunque también señalan que constituye “una mano tendida al diálogo”. Al tiempo con esta declaración “Catalunya restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica”.

Tras la declaración de independencia que fue firmada el 10-O, la primera propuesta fija un total de 17 puntos en los que se acuerda por ejemplo, “promulgar los decretos necesarios para la expedición a la ciudadanía de los documentos acreditativos de la nacional catalana”. Además, “establecer la regulación del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad catalana”.

La propuesta también insta a “impulsar la suscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del Reino de España”, y “dictar (…) las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación, y inaplicación del derecho local, autonómico y estatal vigente antes de la entrada en vigor de la ley de Transitoriedad”.

Insta a “impulsar la suscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del Reino de España”

La resolución también habilita para recuperar la “eficacia de las normas anteriores a la sucesión de ordenamientos jurídicos, anuladas o suspendidas por motivos competenciales por el Tribunal Constitucional y por el resto de tribunales”, con especial atención a las referidas a impuestos o medidas de lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

En el ámbito económico, también hay instrucciones para establecer la “relación de contratos, convenios y acuerdos objeto de subrogación por parte de la república catalana”, a “impulsar un acuerdo con el Estado para integración del personal y la subrogación de sus contratos”, en referencia a personal funcionario diverso, así como a “adoptar las medidas necesarias para el ejercicio de la autoridad fiscal de la seguridad social, aduanera y catastral”. En este sentido, se abre la puerta a establecer un periodo de traspaso “para un adecuado servicio público”.

También en el terreno económico, se promueven las medidas necesarias para la creación de un banco público en Catalunya “de desarrollo al servicio de la economía productiva”, así como para la creación del Banco de Catalunya, “con funciones de banco central” y que debe “velar por la estabilidad del sistema financiero”

en el terreno económico, se promueven las medidas necesarias para la creación de un banco público en Catalunya “de desarrollo” y un Banco de Catalunya “con funciones de banco central”

Asimismo, también instan a “promover ante todos los estados e instituciones, el reconocimiento de la república catalana” y a establecer “la relación de tratados internacionales”. En el ámbito internacional, la resolución aprobada también apela a “los Estados y organizaciones internacionales a reconocer la república catalana”.

De esta forma, todo el pliego de medidas van encaminadas a poner en marcha la república catalana e incluyen reclamaciones como la de elaborar una propuesta de “reparto de activos y pasivos entre el Reino de España y la república de Catalunya, con fundamento a criterios internacionalmente estandarizados, y estableciendo un periodo de negociación entre los representantes de ambos estados”, eso sí, “sometiendo el acuerdo alcanzado, en su caso, a la aprobación del Parlament”.

La segunda propuesta de resolución que incluye el documento de JxSí y la CUP se refiere a la apertura del llamado proceso constituyente, primero activando “todos los recursos humanos, públicos y sociales, así como medios materiales al alcance” para hacer efectivo el proceso que “debe culminar con la redacción y aprobación de la constitución de la república por parte del Parlament” constituido en la asamblea constituyente “que resulte de las elecciones constituyentes”.

Instan a “promover ante todos los estados e instituciones, el reconocimiento de la república catalana” y a establecer “la relación de tratados internacionales”

Por otro lado, también establece un plazo de 15 días para constituir el consejo asesor del proceso constituyente que se encargará de asesorar en la fase deliberativa constituyente, y que deberá estar “liderado por la sociedad civil organizada”. También establece la necesidad de convocar y difundir la fase decisoria del proceso constituyente y convocar elecciones constituyentes una vez culminadas todas las fases.

Por último, se anima a todos agentes cívicos y sociales para que en un mes constituyan la plataforma promotora del proceso o pacto nacional por el proceso constituyente. También da un plazo de 15 días para constituir una comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente y, por último arenga a los ayuntamientos a “impulsar debates constituyentes desde el ámbito local”, promoviendo la participación de la sociedad civil y facilitando los recursos y espacios necesarios para que se lleven a cabo estos debates.

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