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Los fiscales del 1-O ultiman su recurso al auto de Llarena: defenderán que sí hubo desórdenes públicos agravados

Los fiscales del 1-O sostendrán que el golpe sí encaja en el delito de desórdenes públicos agravados. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, acordaba este jueves mantener el procesamiento por malversación y desobediencia contra el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont, pero eliminaba la sedición tras la supresión de este delito del Código Penal por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Llarena en su auto sostenía que los hechos no encajaban en el nuevo delito de desórdenes públicos.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que «los fiscales del 1-O Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno ultiman la redacción de un recurso contra el auto de Llarena en el que mantendrán, al contrario de lo defendido por el magistrado del Supremo, que los hechos de la causa sí que encajan en el delito desórdenes públicos agravados«.

La nueva Ley del Gobierno que acuña el nuevo delito de desórdenes públicos agravados establece que «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios».

«Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años», añade el nuevo delito.

Los fiscales del 1-O también expondrán que siguen encajando los hechos sentenciados en el viejo delito de malversación agravada, al igual que ha defendido Llarena en su escrito, dificultando así la vuelta a la política de los golpistas gracias a la pena de inhabilitación. Todo ello gracias a las prisas del Ejecutivo por sacar adelante la reforma.

El Gobierno esperaba que el Supremo optase por la nueva versión atenuada de la malversación, interpretando que en la malversación del 1-O no existía «ánimo de lucro». No obstante, el «ánimo de lucro» no es sinónimo de «enriquecimiento personal» y por tanto, sí «existió ánimo de lucro» en los golpistas al destinar fondos públicos para su objetivo de independencia, aunque no se quedaran los fondos en sus bolsillos.

Las mismas fuentes fiscales consultadas por LD apuntan que «el recurso será presentado entre el lunes y el martes, después de que Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno informen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En principio, no se espera que García Ortiz se oponga al escrito de los fiscales del 1-O». A diferencia de su predecesora Dolores Delgado que debía abstenerse esta causa al haber sido ministra de Justicia previamente con el PSOE, García Ortiz sí debe dar el visto bueno y ser informado de los escritos fiscales de este caso.

En el recurso, los fiscales previsiblemente pondrán de manifiesto el clima insurreccional que se vivió en Cataluña antes y después del referéndum ilegal del 1-O de octubre de 2017, ya que hubo carreteras cortadas, algaradas o movilizaciones de miles de personas para impedir mandatos judiciales frente a las Consejerías de la Generalidad y otras instituciones.

Sin desórdenes públicos, los ‘Jordis’ quedarán impunes

Las mismas fuentes consultadas por este diario señalan que en paralelo al recurso contra el auto de Llarena, los fiscales del 1-O presentarán previsiblemente también esta semana un segundo escrito para informar sobre la revisión de las penas a los golpistas ya condenados: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los que fueran líderes de la ANC y de Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En este segundo escrito, al igual que en el recurso de los fugados del 1-O ante Llarena, los fiscales mantendrán que los hechos por los que fueron condenados, sí encajan en el delito de desórdenes públicos: «Existe el riesgo de que los Jordis quedasen impunes, ya que fueron condenados únicamente por sedición«.

También mantendrán que los golpistas cometieron un delito de malversación del artículo 432 del Código Penal que impedirá rebajar la pena de inhabilitación para que los golpistas regresen en pocos meses a optar en unas elecciones a un cargo público.

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