Los inmigrantes con un año de residencia en España podrán acceder al ingreso mínimo vital aprobado ayer en Consejo de Ministros y que pretende reducir el 80% la pobreza extrema en España, coincidiendo con la crisis económica.
Esta prestación llegará a 850.000 hogares (el 16%, monoparentales), de las que 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 460 y los 1.000 euros dependiendo de la composición del hogar . La renta media anual segura es de 10.070 euros y el coste total es de 3.000 millones, el 0,4% del PIB.
En cambio, los inmigrantes en situación irregular quedan excluidos de esta ayuda. El acuerdo prevé algunas excepciones, como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de tráfico de seres humanos, a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género , aunque se encuentren en situación irregular.
Asimismo, en caso de que el solicitante de la prestación esté emancipado, su edad mínima deberá ser de 21 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de tráfico de seres humanos, en los que exigirá que la persona titular sea mayor de edad. El límite de edad para percibir la prestación serán los 65 años.
También podrán acceder al ingreso mínimo las mujeres víctimas de maltrato que hayan abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Se estima que esta prestación llegará a 2,3 millones de personas, de las cuales el 30% son menores. Además, el Ejecutivo calcula que el 16% de las 850.000 hogares potenciales beneficiarias son monoparentales y, de éstas, casi el 90% están encabezadas por una mujer.
