Los nombramientos judiciales bloqueados por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) superarán los 80 este año. Dicho bloqueo comenzó en marzo del año 2021 cuando entró en vigor la Ley impulsada por PSOE y Podemos que impide al CGPJ realizar nombramientos en funciones.
El 2022 finalizó con un total de 71 nombramientos bloqueados que están provocando un grave colapso en la justicia al afectar al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y las Audiencias Provinciales de toda España. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional aún no han resuelto los recursos de PP y Vox contra la Ley del Ejecutivo que bloquea al CGPJ.
Según los datos del CGPJ que desvela en exclusiva Libertad Digital, en los próximos meses se producirán un total de 13 vacantes más que elevarán la cifra total de nombramientos bloqueados por el Gobierno a un total de 84 a finales de 2023. Las bajas se producirán a causa de las jubilaciones o por expiración del mandato.
El Tribunal Supremo registrará un total de 5 bajas de magistrados, una en cada Sala del Alto Tribunal: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar. En Castilla y León quedará vacante la Presidencia de la Audiencia Provincial y la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid.
En Andalucía, causará baja la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ con sede en Sevilla y la Presidencia de la Audiencia Provincial de Jaén. En Navarra quedará al descubierto la Presidencia de la Sala Social, en Canarias el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Tenerife, el presidente de la Audiencia Provincial de Asturias y por último, el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón en la Comunidad Valenciana.
La Sala de Gobierno del TC considera necesario que el Parlamento establezca un «remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore», ante la estimación de que en 2023 sólo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán en el año 2023 unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al «colapso» de ambas salas.
El Supremo destacaba a su vez la «situación crítica» en que se encuentran actualmente la Sala de lo Social con 5 vacantes en una plantilla de 13; y la Sala de lo Contencioso-Administrativo con 10 vacantes en una plantilla de 33, la Sala reclama la dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico, 8 para la Sala III y 7 para la IV, con retribución de letrado coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados.
«Situación insostenible en el Supremo»: 30% de vacantes
El citado informe sostiene que a mes de enero, el Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, y se encuentra sin presidente titular y con un total de diecinueve vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas: dos vacantes en la Sala Primera, diez en la Sala Tercera, cinco en la Sala Cuarta y dos en la Sala Quinta, lo que supone que el Tribunal ha de desarrollar su tarea con una plantilla inferior en un 24,05% a la legalmente prevista. Y en los próximos meses de 2023 habrá 24 vacantes de 79 plazas, lo que hace un porcentaje de un 30,37% menos.
Según destaca el mismo informe, «con una situación de la que el TS no es en ningún caso causante, sino víctima directa, se hace necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos, que confían en la Justicia y esperan la resolución de sus pretensiones sin dilaciones indebidas». La Comisión Permanente del CGPJ elevará a Pleno una propuesta basada en el citado informe.
