Este Confidencial se ha hecho eco de que la ONG de derechos humanos Rights International Spain, junto con la asociación Jueces para la Democracia, han dirigido una carta al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas con ocasión de la toma de posesión de su nuevo titular, y con el fin de instarle a realizar una visita en misión especial a España.
Esta misiva se suma a otras acciones entabladas por estas organizaciones a las predecesoras en el cargo del actual Relator y recopila los principales “desafíos a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, ambos pilares esenciales de un Estado de Derecho”.
Intromisiones del poder político en los nombramientos del CGPJ
En la carta se señala el sistema de nombramiento de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, el cual posibilita las intromisiones del poder político en el órgano de gobierno de la Justicia.
La situación se ha agravado con las reformas promovidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la X Legislatura, dado que desde entonces, cuando un único grupo cuenta con una mayoría cualificada de 3/5 en una Cámara (como la que contaba el PP en la anterior legislatura en el Senado), se puede nombrar a miembros del CGPJ sin necesidad de llegar a consenso con otros partidos.
El Confidencial Digital ha podido saber a través de fuentes extraoficiales que esta reforma ha sido duramente criticada, no solo por las organizaciones firmantes, sino también por informes de diversos organismos del Consejo de Europa.
Reducción de los plazos de instrucción de delitos sin dotación de recursos
Asimismo, las organizaciones firmantes denuncian la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el plazo máximo de entre 6 y 18 meses para concluir la fase de investigación de los delitos.
Esta medida, unida a la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo que enfrentan jueces y magistrados, lejos de agilizar la Justicia, como justificaron los autores de la reforma, “contribuirá en la práctica a una mayor impunidad, particularmente en los casos de corrupción política, y a un aumento de la desconfianza en los tribunales”.
Interferencias políticas
Las organizaciones también aluden a la presión ejercida por políticos, incluidos algunos miembros del Gobierno, a jueces particulares en el curso de sus investigaciones “a través de descalificaciones y ataques a sus competencias profesionales”. Esta circunstancia se da más a menudo “en casos muy sensibles, por ejemplo, relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo”.
Recortes a la Justicia Gratuita
En la carta se pone de manifiesto otra dificultad que enfrenta la ciudadanía a la hora de acceder a una Justicia independiente: los recortes a la Justicia Gratuita operados por una reforma del anterior Gobierno. Con la nueva normativa menos personas pueden beneficiarse de un(a) abogado/a de oficio y el proceso de solicitud es más complejo, lo que supone un obstáculo añadido al acceso a este servicio público esencial.
Puesta en marcha del proyecto Papel 0 “con 0 recursos”
La carta se refiere a la reforma que estableció la obligación para que los Juzgados trabajasen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 de enero de 2017.
Este sistema suscita muchos problemas ya que se instauró “sin medios ni una inversión pública adecuada”, sin existir un criterio unificado de los órganos judiciales (con la consiguiente inseguridad jurídica) y su gestión depende del Ministerio de Justicia, por lo que el Gobierno tendría acceso a todas las notificaciones judiciales, “lo que supone un ataque adicional y peligroso a la división de poderes”.
Por ello tal y como explican a esta redacción, Las organizaciones firmantes esperan que el experto de Naciones Unidas acceda a visitar el país para comprobar de primera mano los distintos desafíos a la independencia judicial, dada la gravedad de la situación.
