Más del 70% de los españoles rechaza la España plurinacional y el 71,7% reclama reformas contra el bloque político

Ni los votantes socialistas aprueban en su mayoría el pacto con ERC en el que trabajan en La Moncloa para asegurarse la investidura de Pedro Sánchez. Esta situación es delicada en lo político y en lo emocional, porque ya hay destacados dirigentes del PSOE que han notado que empiezan a sufrir duros reproches en la calle, cuando hasta ahora siempre se habían movido con normalidad absoluta, como ellos mismos reconocen. Este lamento que ya se escucha en las filas socialistas coincide, y se explica, en el rechazo mayoritario en el imaginario popular a la cesión al independentismo, y con eso se identifica la negociación con Esquerra, tal y como refleja un sondeo de NC Report. No se aprueba la opción de la reforma constitucional para dar satisfacción a Cataluña, cuestión que es verdad que niegan los negociadores del PSOE, pero tampoco se acepta una nueva reforma del Estatuto catalán para conceder más poder, y si cabe más autonomía, a esa comunidad, salida intermedia que sí plantean desde el Gobierno en funciones.

La Constitución, que hoy se conmemora en el Congreso, está plenamente vigente para el 66% de los encuestados. El trabajo se realizó entre el 13 y el 15 de noviembre, justo después de la repetición electoral y cuando todavía no se había caldeado tanto el ambiente por la negociación de la investidura con el partido de Oriol Junqueras. En coherencia con ese porcentaje, hasta un 69,8% se pronuncia en contra de que haya cambios constitucionales para sustituir el modelo autonómico por un modelo federal. Les parece que va demasiado lejos, y para el secesionismo, sin embargo, se les queda corto. Un tema clave para valorar qué contenido realmente se le puede dar a una nueva reforma estatutaria que actualice el encaje de Cataluña dentro de España y dentro del marco constitucional. El PSOE lleva años debatiendo sobre la España federal como forma de integrar a los nacionalismos. El Estado federal, que la mayoría de los españoles rechaza, plantea un sistema de poder descentralizado en el que las diferentes autonomías tengan aún más independencia que en la actualidad, pero obedeciendo a una Constitución federal, en la que se establece cómo se distribuyen las competencias.

La lectura de la encuesta de NC Report también confirma el distanciamiento general de la mayoría de los españoles, no solo del centro derecha, con respecto al debate sobre esa supuesta necesidad de replantear el modelo territorial para abrir nuevos espacios de diálogo para resolver el «conflicto político», dialéctica de los independentistas, y que fruto de la negociación ha asumido el PSOE en su discurso. El 77,4% rechaza modificar la Constitución para autorizar un referéndum en Cataluña. El 73,6% rechaza que la Constitución tenga que reconocer a España como un Estado plurinacional y a Cataluña como nación. Y el 73,6% se opone a un nuevo Estatuto de Cataluña que dé más competencias a la Generalitat.

Está confirmado demoscópicamente que Podemos es el partido más cómodo en este tablero, y que sus votantes pueden ser los más comprensivos, y no todos, con la idea de que se afronten reformas en el modelo territorial que beneficien a Cataluña y agraven la diferencia entre comunidades autónomas. Con el añadido, no poco relevante, de que ni siquiera los más jóvenes son entusiastas de que se avance por ese camino de dar más poder a Cataluña para aplacar al independentismo. En más de un 60% las nuevas generaciones de votantes se oponen también al Estado federal y a autorizar un referéndum en Cataluña. Y en los menores de 34 años, que es donde hay más división, más del 54%rechaza la España plurinacional o un nuevo Estatuto catalán con más competencias.

De los datos de la encuesta llama la atención que este «no» mayoritario a avanzar hacia una mayor descentralización en favor de la Generalitat catalana coincida con una división de opiniones sobre la pregunta de si funciona el Estado de las Autonomías. Apuesta por el «sí» el 54,7%. Mientras que el 34% se apunta al «no». Cuando ya en la etapa de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se afrontó el debate de la reforma constitucional, el Gobierno de entonces recibió un informe del Consejo de Estado que se pronunciaba a favor de revisar el reparto competencial, pero para reforzar el poder del Estado central y reordenar competencias que están en manos de las comunidades. Aquello no fue del gusto del tripartito catalán del que dependía entonces La Moncloa y la decisión fue guardar aquel informe en un cajón. Que ningún Gobierno posterior se atrevió a desempolvar.

Los resultados de este sondeo de NC Report explican los profundos recelos que la negociación del PSOE con ERC genera en sus baronías. Saben que la penalización de sus electorados será muy alta si avanzan por ese camino de justificar una investidura en la cesión al independentismo, y algunos ya han empezado a sacar el pie del tiesto, discretamente, porque la perspectiva del poder siempre silencia bastante la disidencia. Pero si se concreta un pacto que contradiga sus intereses, que coinciden con el respeto a lo que mayoritariamente piden los españoles, entonces se acabará la queja discreta y Sánchez tendrá que buscar otras fórmulas paralelas para tranquilizar a los presidentes autonómicos si no quiere que el «conflicto político» le estalle dentro de casa.

Reformas contra el bloqueo político

Los españoles están cansados del bloqueo político y ven con buenos ojos las propuestas de reformas legales que han circulado como solución para sacar a España de la parálisis en la que lleva instalada desde abril del año pasado. Aunque poco se ha movido realmente desde las elecciones de 2015, que ya tuvieron que repetirse en julio de 2016. Ahora lo que falta es que la mayoría parlamentaria transforme en hechos los anuncios de reformas que no han llegado a concretarse. Así, el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez ya planteó en su primer discurso de investidura fallida una oferta de pacto de Estado a todas las fuerzas para reformar el artículo 99 de la Constitución española, con el fin de evitar futuros bloqueos políticos a la hora de formar gobierno si las fuerzas políticas eran incapaces de alcanzar consensos. El artículo 99 es el que regula el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno de España, y hasta el 71,7 por ciento de los encuestados por NC Report se declara partidario de esa modificación. Pero también la mayoría ve bien que gobierne la lista más votada, hasta un 84,9 por ciento. Un principio que los partidos vienen defendiendo más o menos en función de sus intereses. Cuando les ha convenido, se han apuntado a él, y se han desdicho de ese apoyo cuando ha dejado de favorecerles. El PP fue el gran abanderado de que gobernase siempre la lista más votada porque tenía que batirse contra un mapa de alianzas de la izquierda que si no conseguía mayoría absoluta le dejaba siempre fuera de las instituciones. Ese criterio fue válido hasta que la división del centro derecha enfrentó a los populares a la realidad de que o llegaban a acuerdos dentro de su bloque ideológico, con Ciudadanos y con Vox, o no podrían volver a gobernar en prácticamente ninguna importante alcaldía ni tampoco en comunidades autónomas. La realidad de las últimas elecciones autonómicas y municipales refleja perfectamente esta situación. Y lo mismo puede decirse del PSOE, contrario al gobierno de la lista más votada porque conseguía con sus acuerdos postelectorales lo que no le habían concedido las urnas. Hasta que ahora la reclama porque se enfrenta a un escenario nacional de clara ingobernabilidad después de haber sido por dos veces la fuerza más votada. En lo que no hay acuerdo es en aplicar la fórmula de primar al partido ganador de las elecciones con 50 escaños más. El 47,2 por ciento lo apoya frente al 35,8 por ciento que lo rechaza. Por último, hasta un 58,5 por ciento de los encuestados rechaza que el Gobierno del PSOE con Podemos pueda ser considerado como «un peligro» para la democracia.