La Junta de Andalucía ha abusado del uso de transferencias de financiación para nutrir a sus empresas públicas y evitar, en la mayoría de los casos, los controles estrictos de la Intervención General. Gastar «sin control» o de manera más rápida y flexible. Ése es uno de los orígenes del «caso de los ERE», un sistema que se ha desvelado no fue una excepción dentro de la Administración andaluza entre 2002 y 2012.
En noviembre de 2013, el juez titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla a petición de la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias para investigar a ocho empresas públicas de la Junta de Andalucía por el supuesto uso de las transferencias de financiación para el pago de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución evitando la fiscalización previa. Es el mismo modelo que actualmente sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta y que se enjuicia en la Audiencia Provincial de Sevilla dentro del «caso ERE». Los entes públicos de la Junta afectados eran la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Epgpc), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia de Obra Pública de Andalucía (Giasa), la Empresa Pública de Turismo Andaluz (Turasa) y la agencia pública empresarial Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Ésta última pieza quedó archivada posteriormente aunque se abrió una nueva que afectaba a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).
Fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico aseguran que estas diligencias siguen abiertas, incluida una que también afecta a la Agencia IDEA, objeto de nuevas pesquisas judiciales y de las que informó ayer este periódico. De hecho, en octubre de 2015 varios interventores ratificaron en sede judicial que la Junta hizo un mal uso de las transferencias de financiación en las empresas públicas investigadas.
En este sentido, el citado juzgado 16 de Sevilla detectó que la agencia IDEA utilizó las transferencias de financiación para conceder subvenciones excepcionales a algunos ayuntamientos de Andalucía «como prueba piloto para la implantación de una red inalámbrica para acceso a Internet por parte de los ciudadanos».
Uso irregular
Éste sería un ejemplo de uso irregular de transferencias de financiación. Se trata de un mecanismo contemplado por todas las administraciones para hacer llegar dinero a sus empresas públicas pero que debe utilizarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. De ahí que las diligencias judiciales vayan encaminadas a descubrir cómo se gastó finalmente ese dinero.
El presunto uso irregular de las transferencias de financiación ha sido una constante dentro de la Junta de Andalucía en los últimos. De hecho, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió durante su etapa como consejera de la Junta que «las medidas de control de las transferencias de financiación se han recogido de forma dispersa en diferentes Acuerdos del Consejo de Gobierno en materia de control financiero permanente y en instrucciones de la Intervención General». Por ese motivo, firmó una Orden el 30 de abril de 2014 para fijar mecanismos adicionales de control. Entre otras cuestiones, el texto deja claro que «el destino de las transferencias de financiación de explotación no podrá ser objeto de concreción o singularización por el órgano que aprueba la transferencia» –es decir la Consejería competente que manda el dinero a la empresa pública– y que para garantizar su «uso adecuado (…) en las agencias públicas empresariales que tengan reconocida la potestad de concesión de subvenciones, la Intervención General de la Junta de Andalucía podrá acordar que las propuestas de gasto en dicha materia sean sometidas a informe previo suspensivo».
La nueva investigación judicial que se centra en la Agencia IDEA supone un varapalo para el PSOE andaluz, ya que estalla en plena campaña electoral. La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha reclamado a la Junta la entrega de todas las transferencias de financiación realizadas por las distintas consejerías del Gobierno andaluz al IFA-Idea entre 2000 y 2011. La cantidad supera los 4.000 millones de euros.
