La Generalitat de Cataluña lleva incumpliendo reiteradamente sus obligaciones que impone la Constitución; ha atentado gravemente contra el interés general de los españoles, muy especialmente de los catalanes, y ha dado sobradas muestras de deslealtad. Sucintamente, el Gobierno catalán ha convocado una consulta prohibida expresamente por la Constitución y anulada previamente por el Tribunal Constitucional. Ha desobedecido con reiteración las resoluciones del alto tribunal. Ha utilizado ilegalmente fondos públicos para promocionar la secesión -cuando no la sedición- y ha creado estructuras administrativas propias sin amparo constitucional. El Parlamento catalán ha aprobado, en contra de la prohibición del Constitucional, una resolución independentista.
Según el juez Santiago Vidal, la Generalitat obtiene ilegalmente los datos fiscales de todos los catalanes y oculta una partida de 400 millones de euros en sus Presupuestos para financiar otra consulta inconstitucional. Y, presuntamente, utiliza a los Mossos d’Esquadra para espiar ilegalmente a españoles fuera de Cataluña.
Estos incumplimientos no son nuevos sino que llevan años produciéndose en Cataluña. Las denuncias de muchos catalanes al Gobierno de Madrid han caído en la pasividad y han dado alas a que la Generalitat siga con sus vueltas de tuerca estrangulando a todo aquel catalán que se sienta español. La incomparecencia del Estado en Cataluña ha otorgado durante décadas a los nazionalistas una victoria por goleada y de ahí se deriva la actual situación.
Listas negras
Muchos catalanes han sido visitados por encuestadores de la Generalitat para conocer sus tendencias políticas y su opinión sobre el proceso independentista. Los contrarios al «procés» son listados y tienen prácticamente imposible acceder a un empleo público.
Pero también en el ámbito laboral privado a muchas personas se les solicita el nivel C de catalán así como otras exigencias para obtener ayudas públicas u otros permisos expedidos por las instituciones oficiales. Se crea así, un listado de «catalanes malos» a los que se procura «liquidar civilmente».
El periodista Gonzalo Bareño se preguntaba hace pocos días la misma pregunta que llevan haciéndose muchos catalanes. ¿Qué más tiene que suceder para que el Gobierno se plantee al menos la aplicación de un artículo 155 de la Constitución que -recuérdese- no implica en ningún caso la suspensión de la autonomía, sino simplemente garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa del interés general?
Alfonso Guerra se pregunta lo mismo
En un artículo publicado este pasado viernes por la revista Tiempo, Guerra apunta a la suspensión de la autonomía de Cataluña como una posibilidad a explorar ante el intento de secesión de la Comunidad Autónoma, hecho que tacha de «grave y trascendente».
«Se recurre a una entelequia de apelación al diálogo mientras el nacionalismo da pasos cada día hacia la ruptura de la nación», ha señalado, para después cuestionar: «¿Por qué se ignora que la Constitución establece los mecanismos para solucionar los casos en los que las autoridades no cumplen con las responsabilidades mandatadas mediante elecciones libres y democráticas?».
Y continúa diciendo que, a su juicio, «no es fácil entender que Gobierno y partidos constitucionalistas no exploren» la posibilidad, tras lo que cita textualmente el artículo 155 de la Carta Magna: si «una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España (…) el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas».
Según ha defendido el exvicepresidente socialista, «es hora de cambiar de estrategia», «de analizar qué está pasando en Cataluña y de actuar en consecuencia» y advierte de que «los partidos constitucionalistas han de despertar antes de que sea tarde y las consecuencias sean aún más graves».
Y aunque sostiene que la única responsabilidad es de «los nacionalistas rebeldes», sí considera que «existen motivaciones para ser críticos con los que no han ayudado a encauzar el conflicto planteado por los nacionalistas».
«No hay dos trenes en este conflicto, solo un tren y un muro contra el que el nacionalismo quiere embestir, el muro es la Constitución de 1978», ha añadido, aunque ha criticado que el Gobierno haya optado «por una complaciente espera bajo la creencia de que las cosas se arreglarán solas, postura cómoda e irresponsable«.
La pasividad es signo de debilidad
Guerra cree que los nacionalistas han percibido esa «pasividad» como «un signo de debilidad» y han reaccionado a ella «con una escalada de provocaciones y amenazas«.
Concretamente, el socialista ha tachado de «acto antidemocrático» la manifestación convocada para apoyar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas al acudir al Tribunal de Justicia de Cataluña para comparecer en el juicio por la consulta del 9N.
Y subrayando que los nacionalistas están «rodeados por la corrupción», les ha reprochado que digan que «se trata de impedir la independencia» de Cataluña cuando la Justicia persigue los delitos que cometen: «La radicalización independentista de los nacionalistas catalanes se ha producido al compás que la Justicia iba desenmascarando su sistema mafioso de estafar a los ciudadanos», ha zanjado.
Medidas para cumplir las obligaciones
El artículo 155 de la Constitución española, incluido en el título VIII sobre la organización territorial del Estado, constituye, según los expertos constitucionalistas, el «medio de control, de carácter excepcional, que complementa al ordinario recogido en el artículo 153, de la actividad de las CCAA».
Está previsto para situaciones «extremas», es decir, aquellas en las que una comunidad incumple las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las leyes «atentando gravemente al interés general de España».
Este artículo está inspirado, como señala el profesor Mariano Bacigalupo, en la figura de la «coerción federal» prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. No contempla, como sí sucede en otros Estados federados, la suspensión o disolución de los órganos de la comunidad incumplidora. En este caso, de lo que se trata es de adoptar medidas para el cumplimiento forzoso de las obligaciones.
La diferencia entre el artículo 155 español y el 37 alemán reside en que en el primero, la situación de conflicto debe atentar gravemente al interés general de toda la nación. No basta con el mero incumplimiento de las leyes. Este supuesto evidentemente se daría en el caso de un intento de secesión puesto que la misma afectaría a la integridad territorial del Estado, y a los principios de unidad y soberanía nacional que constituyen el núcleo de la Carta Magna.
En el 155 se prevé además un primer paso que implica el requerimiento a las autoridades de la comunidad incumplidora para que atiendan sus obligaciones legales. En caso de que dicho apercibimiento fuera desoído, las medidas a adoptar por el Estado deberían ser aprobadas por la mayoría absoluta del Senado. No sería, sin embargo necesario que medie una declaración de incumplimiento por parte del Tribunal Constitucional, aunque muy probablemente el Gobierno de Mariano Rajoy la requeriría.
Ni en España ni en Alemania se ha activado un precepto tan excepcional. En el caso español, el procedimiento de aplicación del artículo 155 en su fase parlamentaria está recogido en el artículo 189 del reglamento del Senado.
En virtud del mismo, el Gobierno deberá presentar ante el presidente de la Cámara un escrito en el que manifieste el contenido y alcance de las medidas a aplicar, así como la justificación de haber realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma afectada, y el incumplimiento de ésta.
La Mesa del Senado remitirá esta documentación a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que requerirá al presidente de la comunidad implicada a remitir en plazo las alegaciones que considere oportunas y designe a una persona para que ejerza su representación.
La Comisión emitirá un dictamen razonado sobre si procede o no aprobar la solicitud del Gobierno central, incluyendo los condicionantes y precisiones que crea oportunos. El Pleno de la Cámara debatirá y votará la propuesta, siendo necesario para la aprobación el voto de la mayoría absoluta de los senadores.
Texto del Artículo 155 de la Constitución
«1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.»
Los nazionalistas siguen avanzando imparables ante la pasividad de un Estado que les permite todo. Desafían al Gobierno con chulería porque se sienten impunes… y tal vez lo sean… y sino que se lo pregunten a Jordi Pujol.
