Ocho profesores de La Seu d’Urgell (Alt Urgell) están citados a declarar este martes por un posible delito de incitación al odio. Los maestros comparecen tras la denuncia de tres familias, disconformes con el tratamiento que se hizo en clase de lo ocurrido el 1 de octubre, tanto el referéndum como la represión policial. Los denunciantes, entre los cuales se encuentra una madre que es guardia civil, consideran que los menores sufrieron humillaciones, insultos y agresiones fuera del colegio.
Los primeros docentes han llegado al juzgado a las 9.35 horas para prestar declaración a las 10.00 horas mientras que el resto está citado a las 12.00 horas. El director de los Serveis Territorials d’Ensenyament en Lleida, Miquel Àngel Cullerés, les acompaña. También se ha desplazado a las dependencias judiciales un fiscal especialista en delitos de odio para estar presente en las declaraciones.
Más de 82.300 firmas
Los padres ya comparecieron el 18 de octubre ante el juzgado y ahora es el turno de los docentes de tres centros: el director y cuatro profesores del colegio público Mossèn Albert Vives; la directora y un profesor del colegio Pau Claris y la directora del colegio La Salle. La comunidad educativa, bajo el nombre de Comissió de Suport a l’Escola Catalana, ha impulsado una recogida de firmas de apoyo a los investigados, que este martes había superado las 82.300.
El juez querría saber si hubo comentarios por parte de alguno de los profesores que provocara las vejaciones e insultos. También si son responsables de ciertas «actitudes» de los alumnos, conocedores de que entre los compañeros se encontraba el hijo de una guardia civil. Estos hechos se habrían producido el 3 de octubre.
Apoyo del alcalde
El alcalde de La Seu d’Urgell, Albert Batalla (PDeCAT), recibió el lunes a los miembros la comisión de apoyo y valoró la respuesta ciudadana que está habiendo. «La escuela de La Seu ha sido siempre un modelo de cohesión social, de buen aprendizaje, de colaboración entre los diferentes centros educativos, así como un buen modelo de ascensor social», defendió el alcalde.
