«En el Pazo de Meirás, a 15 kilómetros de La Coruña, transcurre buena parte de la temporada veraniega del Generalísimo Franco. En este viejo pazo, que perteneció a Doña Emilia Pardo Bazán, los escudos nobiliarios y las piedras nobles conjugan con la hiedra, componiendo una perfecta armonía…». Así arrancaba en 1966 uno de aquellos célebres noticieros que se emitían en los cines antes de la película de rigor. Un ejemplo perfecto de ese No-Do tan característico por sus engoladas voces y descripciones de la vida cotidiana de Franco, en este caso sobre cómo se desarrollaban los plácidos días de vacaciones del «Caudillo», acompañado en alguna escena por su nieto Francis, al que vemos también en faenas de pesca junto a su abuelo.
La propiedad de la familia está de nuevo de plena actualidad después de que el pasado día 10, el Gobierno de Pedro Sánchez presentara una demanda por la presunta compra «fraudulenta» del inmueble. Un acta notarial del año 1938 recién recuperada por la Abogacía del Estado es en la que basa el Ejecutivo socialista esta reclamación –la exhumación del Valle de los Caídos es su otro gran reto pendiente con los descendientes de Franco– para exigir en los tribunales la devolución del Pazo de Meirás, residencia de veraneo del dictador en la localidad coruñesa de Sada hasta su muerte, y que sus herederos han mantenido como parte de su patrimonio, aunque está en venta desde el año pasado por 8 millones de euros. Pero un juzgado coruñés acaba de adoptar la medida cautelar solicitada por la Administración para evitar que pueda ser vendido: la anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad.
La actual edificación, que a pesar de su aspecto medieval es de finales del siglo XIX, forma parte de una finca declarada Bien de Interés Cultural (BIC). El pazo fue primero donado en un acto público a Franco el 5 de diciembre de 1938 después de que la «Junta pro Pazo del Caudillo» –de la que formaban parte el gobernador civil y varios alcaldes de La Coruña– abonase 406.346 pesetas. Posteriormente, este inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad en 1941, una vez que formalizó ante notario un contrato de compraventa con la nuera de la primera propietaria de la finca, Emilia Pardo Bazán, por importe de 85.000 pesetas. El hallazgo por parte de la Abogacía del Estado de un acta de 1938 por el que la hija política de la escritora ya vendía la heredad a la «Junta pro Pazo», demuestra, según la Abogacía del Estado, que no era posible la venta tres años después, y que por lo tanto la transacción de 1941 fue «fraudulenta». Se trató, según su interpretación, de un arreglo al que se prestó la antigua propietaria para que el pazo pasase directamente al patrimonio particular de Franco y no a la Jefatura del Estado.
En la demanda se reclama para el Gobierno la propiedad del inmueble, también conocido como Torres de Meirás. Con ese objetivo, la Abogacía del Estado tiene en cuenta la forma supuestamente irregular en la que se adquirió el pazo, que este se gestionó con fondos y personal públicos y que durante la dictadura fue utilizado como residencia veraniega del jefe del Estado, como sede de Consejos de Ministros y como escenario de audiencias oficiales. En su opinión, no hay diferencia entre la residencia habitual de El Pardo –propiedad del Estado– y la de Meirás.
A mitad de esta semana, a los Franco no se les había notificado la demanda. «Lo único que conocemos es una noticia en la prensa», asegura a LA RAZÓN Luis Felipe-Utrera Molina, abogado de la familia. «Es difícil hacer un pronunciamiento sin conocerla, sobre todo tratándose de un tema estrictamente jurídico», considera quien fuera albacea de la hija de Franco. «Esto es una batalla jurídica que se va a librar en términos jurídicos», afirma.
Solo con «los argumentos que han expuesto en los medios», Luis Felipe-Utrera dice no tener «ninguna duda». Está «convencido no solo de que el título de propiedad de Francisco Franco sobre el Pazo de Meirás es absolutamente legítimo y válido», sino que piensa lo mismo «de la titularidad por parte de sus nietos».
Pero más allá de la defensa por la vía legal, está el trasfondo del empeño por sacar a Franco de Cuelgamuros, pendiente ahora de la decisión del Tribunal Supremo. «Ese montaje que está urdiendo el Gobierno lo enmarco en una estrategia de acoso y derribo a la familia Franco por su actitud ante la exhumación y por haber decidido defenderse en vez de plegarse a las exigencias y a los deseos del Gobierno», apunta el letrado.
En lo que se refiere a este asunto, la intención de Moncloa es «sin duda» que el pazo pase a propiedad del Estado, y así lo manifestó en TVE el presidente en funciones, quien aseguró además que los Franco actuaron «contra derecho». «Así de claro», apostilló.
Es fácil imaginar el rostro de indignación de Utrera-Molina al otro lado del teléfono. «Eso es absolutamente falso, lo que ha dicho [Pedro Sánchez] es una manifiesta falsedad. El título por el cual se adquirió el Pazo de Meirás es absolutamente válido y legítimo y exactamente legítimo es el título de propiedad de mis clientes. Y eso quedará demostrado ante los tribunales sin ningún género de dudas», aventura.
El abogado no olvida tampoco los estragos que sufrió el pazo cuando se quemó en 1978, «y posteriormente lo reconstruyó Carmen Franco con su patrimonio». «No fue el Estado el que estuvo ahí, ni se acordó de que supuestamente era suyo para reconstruirlo», critica este licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. Luis Felipe Utrera-Molina defiende a sus clientes como «dueños» del Pazo de Meirás «no solo por parte de su abuelo, de su abuela, de su madre, habiendo existido una sucesión, habiendo pagado impuesto de sucesiones en 1976… En 44 años el Estado nunca ha dicho nada, nunca ha dicho que el pazo fuera suyo. Tenemos que llegar a 2019 para que el Estado se acuerde de que era propietario del pazo, cosa que no ha sido jamás».
Con esta seguridad, el letrado de los Franco se cuestiona qué pasaría si la demanda se desestima y el Estado es condenado en costas. «¿Habrá alguna responsabilidad política por haber iniciado una acción a mi juicio absolutamente infundada?». Le preguntamos si cree que están viviendo una persecución. «Ya dijo la vicepresidenta Calvo que la familia está obstaculizando la marcha del Estado», pero «lo que está entorpeciendo la acción del Gobierno es el Estado de Derecho, del cual se está desmarcando continuamente cuando no le interesa. La familia lo único que está haciendo es defenderse, y lo va a hacer hasta el final. No va a desfallecer ni se va a amedrentar. Nos defenderemos y ya veremos el día de mañana quién tiene la razón», concluye el hijo de José Utrera-Molina, ministro y secretario general del Movimiento.
Comparte indignación contra el Gobierno del PSOE –y el del PP en la Xunta, personado en el proceso judicial– Juan Chicharro, presidente de la Fundación Franco, cuya opinión es que la pugna por el pazo «no es otra cosa que un ataque más a la familia Franco». El general en la reserva a cargo del legado franquista asegura que «está mas que probado que [la del pazo] fue una donación privada. Nunca fue del pueblo, como mienten, sino de la condesa de Pardo Bazán». Y remite a un artículo publicado en la web de la fundación en el que su autora –Pilar Pérez García, historiadora– explica que el Pazo de Meirás «propició» –en palabras de Chicharro– la presencia de Franco en Galicia «con lo que ello supuso» en el ámbito de la sanidad, las comunicaciones, las infraestructuras, la educación y la docencia.
Intentamos comunicar en varias ocasiones, sin respuesta esta vez, con Francis Franco. En la pantalla del No-Do queda su imagen congelada a bordo del «Azor», símbolo de su abuelo del que sí se sirvió en 1985 otro presidente socialista: Felipe González.
