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PDeCAT y PNV exigen a Sánchez que les regale 98 hospitales propiedad de la caja de las pensiones

Los partidos nacionalistas e independentistas han aumentado la presión en la Comisión del Pacto de Toledo, que aborda la reforma del sistema público de pensiones, y exigen que el Estado les entregue a coste cero la propiedad de los 98 grandes hospitales que figuran aún en el patrimonio de la caja de la Seguridad Social (Tesorería General). También reclaman el medio millar de centros de salud cuyo suelo y construcciones corrieron a cargo de los cotizantes (trabajadores y empresarios).

Estos inmuebles e instalaciones, y lo que tenían dentro, fueron cedidos por el Estado en el capítulo de transferencias sanitarias en los años ochenta y noventa a las comunidades autónomas sin retorno económico alguno. Han servido para evitar un mayor agujero en  las cuentas de las autonomías. Entre estos bienes figuran los principales hospitales en Cataluña, Euskadi, Andalucía o Madrid. Representan más de 10% del conjunto de hospitales que ahora están en manos de las autonomías dentro del Sistema Nacional de Sanidad así como una cuarta parte del conjunto de las camas hospitalarias.

Lo que se pretende ahora es que un patrimonio ubicado en el balance de la Seguridad Social pueda pasar al balance patrimonial de las autonomías, probablemente para su posterior venta o alquiler una vez enajenados. A cambio, en una carambola política, el Estado condonaría una deuda histórica de la sanidad pública, o quizá sólo una parte, que se endosó a la caja de las pensiones.

El sistema público no ha ingresado ni un solo euro por la venta o alquiler de inmuebles como el Hospital Valle de Hebrón (Barcelona) o el Hospital de Cruces (Bilbao)

El origen de esta deuda son unos préstamos a la Seguridad Social, formalizados por el Gobierno del PP a finales de los noventa, para compensar “las insuficiencias de financiación del Insalud” en el proceso de la creación de la Sanidad universal y cuyos plazos de devolución se han ido prorrogando sistemáticamente (en 2016 se amplió hasta 2026). Este partido reconoció más tarde en un informe que esos préstamos de 17.168 millones “debieron haberse registrado como simples aportaciones o transferencias”. Pero, lo que se hizo fue trasladar déficit del Estado al pasivo del balance del sistema público de pensiones.

PDeCAT y PNV exigen la transferencia

La Comisión del Pacto de Toledo, a instancias del PDeCAT y del PNV, es quien analiza ahora esa condonación a cambio de transferir la titularidad a las autonomías. Los independentistas catalanes piden el control de la propiedad de los centros que ya son gestionados mediante esa cancelación y no con un pago a cambio del traspaso. Por su parte, el PNV dice que la transferencia de la Sanidad del Estado de mediados de los ochenta fue incorrecta y que debería haber incorporado los bienes adscritos.

El caso es que en los decretos de transferencias sanitarias se decía que estas adscripciones se entendían “sin perjuicio de la unidad del patrimonio de la Seguridad Social, distinto del Estado, para fines específicamente sanitarios, cuya titularidad corresponde a la Tesorería debiendo figurar en su balance.

Para estas cesiones, los gobiernos de aquellos años echaron mano del artículo 84 de la Ley General de Seguridad Social (modificada en 2011) que señala que “los inmuebles de la Seguridad Social que no resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines, y respecto a los cuales se acredite la no conveniencia de su enajenación o arrendamiento, podrán ser cedidos para fines de utilidad pública por el Gobierno a propuesta del ministerio de Trabajo”.  Curiosamente, en el  artículo 86 se indica que los recursos para la financiación de las pensiones estarán constituidos, además de las cotizaciones, por “los frutos, las rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales”.

La pregunta que se hacen en fuentes sindicales y algunos expertos, cuando la caja de pensiones viene necesitado cada vez más ingresos, es cuánto debería haber ingresado el sistema público, por ejemplo, por la venta o en todo caso por el alquiler del Hospital madrileño del 12 de Octubre (fundado en 1973 en una parcela de 177.000 metros cuadrados en una construcción de 75.000 metros en 18 plantas) o por el Hospital Vall d’Hebron en Barcelona o por el Hospital de Cruces en Bilbao.

Utilizados al antojo de las CCAA

Sin embargo, esos más de 600 bienes se cedieron, con todo lo que había dentro, sin contraprestación alguna. Ni siquiera, se ha vigilado si estos activos han sido destinados a actividades sanitarias.  Por ejemplo, en 2016 se cedió a Galicia la sede del Hospital Xeral de Vigo para construir la Torre de la Justicia. Es más, durante este periodo, la Seguridad Social se ha tenido que hacer cargo de gastos como el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los ayuntamientos.

La ley dice que patrimonio propio de la Seguridad Social debe destinarse exclusivamente a fines propios, como las pensiones.

Por si había alguna duda, una sentencia del Tribual Supremo condenó a la Seguridad Social en 2014 a pagar nueve millones de euros por el IBI girado durante 11 años por el Ayuntamiento correspondiente al Hospital General de Ciudad Real incluyendo recargos e intereses.  Hay más interrogantes: ¿es la Seguridad Social una administración pública más para que el Estado pueda disponer de sus bienes obtenidos con recursos ajenos privativos y finalistas, contabilizados aparte de la caja general de los impuestos, y de cuya eficiencia y gestión depende el cobro de la prestación?

La ley dice que el patrimonio propio de la Seguridad Social debe destinarse exclusivamente a fines propios, por ejemplo, a ser el soporte financiero de las pensiones. ¿Y, si es una administración más,  como parece contemplarse, por qué el Estado vuelve a utilizar ahora la vía crediticia (otros 17.000 millones más, de momento) y no se hace cargo con la caja de los impuestos del pago de las pagas extraordinarias de las pensiones actuales ante la insuficiencia de recursos del Fondo de Reserva y de los ingresos por cotizaciones?

Según datos del Banco de España, la deuda total actual de la Seguridad Social supera ahora los 34.000 millones. La mitad corresponde a los créditos para sanear el agujero sanitario, que deberían figurar en las cuentas del Estado, y la otra mitad corresponde a los nuevos créditos para pagar el desfase de los ingresos y las pagas extraordinarias de las pensiones y que la Comisión del Pacto de Toledo debería analizar si también debería anotarse el Estado ante la insuficiencia de recursos por tener que afrontar el sistema público de pensiones gastos que no son inherentes a su función esencial del pago de prestaciones contributivas.