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PP y Cs rechazan ceder ante Sánchez a cambio del 155

La campaña de presión de Moncloa para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez sin que éste se mueva de su posición ha hecho que en el PP y en Ciudadanos (Cs) empiecen a maliciarse que el jefe del Ejecutivo en funciones puede llegar incluso a jugar en clave partidista con Cataluña y con las decisiones que pueda ser necesario adoptar para gestionar la respuesta del independentismo a la sentencia del «procés». Este periódico informó ayer de que Moncloa ha trasladado a los partidos el mensaje de que no habrá repetición electoral, y de que en septiembre «pasarán cosas» y cambiarán las circunstancias de tal modo que si Podemos no cede, PP y Ciudadanos se sentirán obligados a facilitar la investidura de Sánchez.

¿Artículo 155, si es necesario, a cambio de una abstención? La pregunta resulta paradójica si se mide de dónde viene la relación de Sánchez con los partidos independentistas. Su apoyo le sirvió para sacar adelante la moción de censura a Mariano Rajoy. Y esa relación también justificó que PP y Ciudadanos situaran su principal argumento electoral en la alianza de Sánchez con el soberanismo, lema de campaña que se nutrió de los movimientos del Gobierno en la pasada legislatura para intentar sacar adelante los Presupuestos.

Moncloa se ha refugiado en su papel institucional para blindarse en la ambigüedad y no cerrarse ninguna puerta. Simbólicas voces del socialismo, del presente y alguna del pasado más reciente, han pisado el terreno en favor de que la sentencia del Supremo se maneje con cálculos políticos. Guiños al indulto a los líderes soberanistas o reivindicación, por ejemplo, de la necesidad de que se haga política a partir del fallo del Tribunal Supremo para evitar que alimente más, alegan, el «conflicto» político.

Pero igual que se defiende este planteamiento, de PP y Ciudadanos también dicen en el Gobierno en funciones que deben «arrimar el hombro» en una coyuntura política marcada por el riesgo de que el independentismo vuelva a echarse al monte para sacar rédito político del fallo judicial. Que a nadie se le escapa, y mucho menos al Gobierno, que será muy severo con los políticos catalanes procesados por el golpe a la Constitución del 1 de octubre, se acepte o no el delito de rebelión.

El PP asume que su decisión de «anteponer sus obligaciones institucionales», como líder de la oposición, a la batalla política contra Sánchez le señalan como una pieza más fácil, «en teoría», que Ciudadanos para ser sometida a la campaña de presión de Moncloa bajo el mantra de «la responsabilidad y la lealtad». Pero también creen que más allá de las diferencias que Rivera intenta marcar incluso con decisiones como la de extender su «no es no» a las reuniones con el presidente en funciones, los dos partidos tienen poco margen para fijar posiciones distintas en temas de Estado o en todo lo que afecte a la cuestión catalana.

La sentencia del «procés» se conocerá previsiblemente en septiembre. Después de la celebración de la Diada, y fuentes jurídicas apuntan, en concreto, a la tercera semana de ese mes. El lunes 23 de septiembre concluirá el plazo de dos meses para investir al presidente del Gobierno después de que la próxima semana se celebre el primer Pleno. Fallido en principio, o al menos en esa clave se mueve el PSOE, como principal responsable de llevar la iniciativa, y el resto de partidos.

Tanto Partido Popular como Ciudadanos creen que no habrá nuevas elecciones. También coinciden en que una abstención de ellos sería la última opción posible. Tanto que en el discurso oficial ni siquiera se reconoce como opción, y la posición no deja matices al descarte categórico de una abstención técnica para evitar unas nuevas urnas porque hoy entienden que esta postura supondría una traición a la palabra dada a sus electores. Fuera del discurso oficial sí que se escucha que en septiembre todo puede ser posible si se mantiene el escenario actual de bloqueo.

Los movimientos en la sombra ya han comenzado en un doble juego, el que afecta a la negociación con Podemos, y, por otro, los empujones, al PP, principalmente, para intentar ir desbrozando el camino a esa abstención que sentenciara la investidura «gratis» que quiere Sánchez.

El principal riesgo de esta investidura «gratis» está en el día después, según el PP. Porque esa decisión, incluso aunque sea por razones de Estado, les responsabiliza de la activación de un nuevo Gobierno socialista, que luego tendrá que gestionar su principal problema, que no es la investidura en sí, sino conformar una mayoría parlamentaria estable que le permita gobernar.

A día de hoy, Sánchez sigue aplicando el programa económico de Cristóbal Montoro al no tener los apoyos para aprobar sus Presupuestos. Todo un símbolo, señalan, de la realidad a la que se enfrenta el líder del PSOE.

Además, PP y Cs sostienen que no se fían de las decisiones de Sánchez en relación a Cataluña una vez que tome de nuevo el control de Moncloa. «Apelar a la estabilidad puede estar muy bien. Pero en estas circunstancias habría que cerrar compromisos previos de reformas y de decisiones, que Sánchez no ha dado ninguna señal de que esté dispuesto a aceptar. Para hablar en serio de abstención, habría que hablar de negociar».