Puigdemont, entre el bloqueo y la presidencia por plasma

“Toca aguantar”. Es la consigna en el entorno de Carles Puigdemont, que mueve desde Bruselas los hilos políticos en los compases previos a la nueva legislatura. Aguantar significa para su equipo que no hay alternativa a una presidencia de Puigdemont, refugiado en Bruselas ante el procedimiento judicial del Tribunal Supremo que mantiene a Oriol Junqueras en la cárcel. O que la única alternativa serían unas nuevas elecciones. Sería la legislatura número 13. Pero en Junts per Catalunya no hay triscaidecafobia. Todo lo contrario. “No hay plan B”, insisten. “Si lo hay, no lo comparten”, certifican en ERC.

La legislatura está en manos de Puigdemont, aunque el president cesado pone el foco en Madrid. La teoría es que a Mariano Rajoy “no le pueden salir gratis” ni la aplicación del 155 ni la derrota del 21-D, así que las opciones que están sobre la mesa del equipo de Puigdemont y algunos de sus asesores de campaña van desde boicotear la constitución del Parlament en su primera sesión hasta lograr ejercer la presidencia desde Bruselas. ¿Cómo? El recorrido de una a otra opción está guiado por el espíritu de “la astucia de David para vencer a Goliat” que inauguró Artur Mas en septiembre del 2014, pero ahora conociendo la reacción del Gobierno, de los tribunales y hasta la indiferencia oficial de las instituciones europeas.

Puigdemont necesita mantener la excepcionalidad. Por el contrario, ERC quiere evitar “numeritos” con Oriol Junqueras en prisión sine die y digiriendo un duro auto del Tribunal Supremo en el que se avisa que las apelaciones al diálogo no suponen una renuncia a la vía unilateral para avanzar hacia la independencia. Es más, el TS entiende que la posibilidad de que Junqueras sea candidato a la presidencia u ocupar de nuevo la vicepresidencia no hacen creíbles sus declaraciones.

El terreno de juego independentista se fijó el martes y el miércoles en Bruselas en reuniones paralelas de Puigdemont con ERC y la CUP. El objetivo consensuado formalmente es restaurar el Govern y la Mesa del Parlament. A partir de ahí no hay nada escrito.

CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENT

Del bloqueo a la mayoría independentista en la Mesa

Bloquear la sesión constitutiva del Parlament que Mariano Rajoy convocó para el día 17 es una opción que conduce al colapso. Peregrina incluso para parte del entorno de Puigdemont. Quienes la defienden sostienen que la Cámara se debe constituir con los 135 diputados electos presentes para no “manipular” la voluntad popular. Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí siguen en Bruselas, y Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, en prisión. Todos ellos pueden asumir el acta de diputado a distancia, pero las dificultades para ejercer sus funciones son evidentes. El artículo 89 del reglamento establece que para adoptar acuerdos, el Parlament necesita de la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros (68), y la mayoría independentista es de 70. La sesión constitutiva tiene como único objeto la votación de la Mesa, así que si no hay quórum para llevarla a cabo se podría posponer hasta en dos ocasiones. El asunto se desestima si en una nueva sesión tampoco se logra un acuerdo.

Presión sobre “los cuatro de Bruselas”

Si la opción es sacar adelante la sesión y garantizarse la mayoría en la Mesa, el independentismo necesita que, al menos, “los cuatro de Bruselas” que acompañan a Puigdemont renuncien al escaño para sumar 66 diputados frente a los 65 del bloque no independentista si no quieren depender de la decisión del juez Llarena sobre los tres diputados encarcelados. JxCat y ERC se encargan por separado de los contactos con sus exconsellers en la capital comunitaria, que han pedido garantías sobre su defensa e incluso manutención en la capital europea. Una delegación del voto está descartada por los propios letrados del Parlament, ya que el artículo 93 limita esta posibilidad a las bajas por maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada –según terminología de la Seguridad Social–. La importancia del control de la Mesa está en el artículo 37 del reglamento, ya que en caso de duda o de laguna reglamentaria, la Mesa puede adoptar las decisiones que estime oportunas. La candidata de JxCat es Carme Forcadell, pero la diputada de ERC acumula querellas en el TSJC y acusaciones en el Supremo, por lo que su papel distaría mucho del ejercido en la pasada legislatura.

INVESTIDURA

Sin pacto político para volver

El reto es cómo reinvestir a Puigdemont. JxCat considera que cualquier alternativa al 130.º president es avalar el 155, y ERC, que Junqueras, incluso estando en prisión, tiene más posibilidades de acudir a un debate. Puigdemont no volverá a Catalunya para ser detenido, sostienen en su equipo, de ahí que se intente lanzar la idea de alcanzar un acuerdo político con Madrid para facilitar su regreso. La respuesta de Mariano Rajoy es no, y el Supremo refuerza sus argumentos sobre la posible rebelión del Govern.

“La única alternativa a Puigdemont son unas elecciones”, dicen en JxCat. “Puigdemont veta cualquier plan B”, asumen los republicanos. Y se vuelve a estirar el reglamento.

Del plasma al president de transición

El artículo 146 prevé que el candidato presente su programa de gobierno, pero no especifica que lo haga presencialmente ni que esté obligado a replicar. Así que JxCat apuesta por el plasma, pero las intervenciones por videoconferencia de diputados o miembros del Govern no están previstas en la Cámara catalana, que las limita a expertos o personas citadas en comisión. Una alternativa sería enviar el programa por escrito o aferrarse al artículo 83, que prevé la posibilidad de que un diputado sea sustituido por otro del mismo grupo en un debate concreto comunicándolo previamente al presidente de la Cámara.

El problema de las mayorías por los ocho diputados en prisión o Bruselas está en manos de los comunes. A los 58 escaños garantizados de JxCat y ERC se sumarían los 4 de la CUP. Con 62 escaños y la negativa de los ocho diputados comunes a votar a Inés Arrimadas no hay investidura alternativa, pero también depende de ellos o de “los cuatro de Bruselas” tener president en segunda votación por mayoría simple. El plazo límite para el debate es el 31 de enero, y con la primera votación empezarían a correr los dos meses para lograr investir un president o convocar elecciones automáticamente. Si el independentismo optara por investir un president de transición, el Estatut prevé en su artículo 75 que no se pueden convocar elecciones en el plazo de un año.

LAS CAUSAS JUDICIALES

Suspensión de diputados rebeldes

Reglamento en mano se puede ir más allá de la investidura y de la afectación en las votaciones. El absentismo continuado está regulado en el artículo 231 y prevé la privación de los derechos económicos de los diputados que sin justificación o autorización no asistan a tres plenos o comisiones seguidas o a cinco alternas. La ausencia continuada conduce a la exclusión temporal si lo aprueban dos tercios del pleno. Pero es el frente judicial el que puede llevar a inhabilitaciones a medio plazo. Entre los diputados hay 18 imputados en la causa del Supremo, y el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la suspensión automática del cargo público para “individuos rebeldes” en cuanto se firme un auto de procesamiento y se esté en situación de prisión preventiva.

No obstante, también el reglamento prevé suspensión de diputados con un auto de procesamiento o apertura de juicio oral si lo vota la mayoría absoluta del pleno. La suspensión sería inmediata por decisión de la Mesa en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, donde estaría circunscrita la malversación de fondos.

La baja de dieciocho diputados sería un golpe a la legislatura que podría llegar incluso antes de que se cumpliera el año para poder convocar elecciones. Y el Supremo tiene prisa.

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