Puigdemont pretende que el juez se cargue el 155

Carles Puigdemont y los ex consejeros exiliados en Bélgica comparecerán mañana ante el juez de primera instancia de Bruselas que presidirá la vista sobre la extradición planteada por la Audiencia Nacional que les está investigando por rebelión, sedición, malversación y desobediencia. (Aunque el Tribunal Supremo ha reclamado y asumido la causa, la juez Carmen Lamela sigue con el trámite de la extradición).

Abrumar a la justicia

La estrategia de los “5 de Bélgica” es la de forzar la situación procesal y abrumar con argumentos jurídicos de tal forma al magistrado para que éste se planteé, en su última resolución, algún posicionamiento crítico explícito con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno español.

Los exiliados buscan como agua de mayo (quizá como si se trátese del último agarradero jurídico a su alcance), un documento judicial que cuestione la legalidad en la aplicación de las medidas de control de la autonómica dictadas por el gobierno de Mariano Rajoy tras la declaración independentista que tuvo lugar en el Parlament.

Sin justicia

Para ello, los prófugos han presentado ya por escrito (lo hicieron el pasado día 23), un informe en el que adelantaban los documentos sobre los que este lunes, a partir de las 9,30, en la corte judicial de Bruselas, verbalizarán sus argumentos para pedir la no extradición bajo la premisa de que están siendo perseguidos por un país (España) donde no rige el estado de derecho.

Guante de seda

El juez dará la palabra a los letrados de cada uno de los prófugos desde las 9,30 de la mañana hasta las 12h. Tras un descanso de dos horas, a las 14 se reanudará el turno de alegación sin hora prevista de conclusión por lo tanto los letrados tendrán todo el tiempo que precisen para dejar clara su postura.

4 argumentos en su descargo

El juez ha aceptado el plan planteado por las defensas que quieren articular su discurso exculpatorio en base a 4 puntos: la parcialidad de la Fiscalía General de Estado (presentarán una batería de declaraciones públicas del difunto fiscal general del Estado, José Manuel Maza), la indefensión judicial (se quejarán por la prohibición personarse el pasado viernes en las declaraciones ante el Supremo de Oriol Junqueras, los exconsejeros y los “jordis”), el uso torticero del artículo 155 (insistirán en que se aplicó para inhabilitar “al enemigo”) y pretenden explayarse en las “amenazas de violencia de estado” contra el independentismo, difundidas por Puigdemont  -la dirigente de ERC, Marta Rovira, llegó a hablar de sangre y muertos en las calles- pero a día de hoy no concretadas y sí desmentidas desde el Gobierno.

Último cartucho

Los abogados de los prófugos en una intento de aparentar firmeza y confianza en sus argumentos, aseguran “que el Estado no se imagina lo que se va a llegar a y exponer allí dentro (en la sala de declaraciones del tribunal de Bruselas). No podemos adelantar el contenido concreto de nuestras cartas en esta partida pero sólo contemplamos la victoria. Para nosotros victoria es arrancar del juez belga un dictamen que avale la ilegal, torticera y criminal utilización que el gobierno español peñol ha hecho del articulo 155”.

Contactos con la fiscalía

Siguiendo el protocolo procesal belga, la documentación que sostendría a estos 4 puntos ya está en manos del magistrado, por lo tanto, el factor sorpresa, a priori, está en entredicho. Sin embargo, sí es cierto que, tal y como ha confirmado este medio, los abogados de los “5 de Bélgica” han mantenido contactos con la Fiscalía de Bruselas fuera de la sede judicial aunque con carácter oficial. Las defensas de Puigdemont y los exconsejeros han confirmado estos contactos, que sitúan en el marco del “decoro institucional y a los únicos efectos de mantener una adecuada simbiosis con el procesos penal de aquel país”.

Las espadas en alto

La Fiscalía belga ya ha expuesto sus alegaciones y la documentación que la sustentaría. Aunque no ha trascendido el detalle de esta documentación, se sabe que el ministerio público belga reconoce a España como un Estado social y democrático de Derecho y aguarda a saber a saber cuál es la decisión del magistrado.

El juez expondrá mañana el día en el que hará pública su resolución, contra la que cabe recurso aunque éste no tiene porque invalidar su ejecución.

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