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Embarcados en una huída hacia adelante, la dirigencia catalana ha emprendido un golpe de estado populista para eludir el impacto inmediato que tendría una convocatoria de elecciones autonómicas que habría puesto de manifiesto, no ya la división del electorado catalán, sino la pérdido política del gobierno catalán.

La oligarquía catalana resentida por la crisis económica se ha dispuesto contra la democracia. En ausencia de unas elecciones no es posible saber con que apoyo no coercitivo cuenta la deriva secesionista. La articulación de un referendum acordado no sólo habría supuesto la conculcación de la constitución, sino peor aún, la expresión de la división ciudadana y un incentivo seguro para volver a la carga en un momento eventualmente más oportuno.
El emblema y negocio jurídico de esta algarada está bien representado por la demanda de autogobierno SI o SI. No se trataba pues de una autoridad legalmente constituida que interviniera de forma neutral en el debate social y en un proceso refrendario, se trataba sin más de declarar la independencia unilateral por más que su mayoría parlamentaria fuera el resultado artificial de una ley electoral que castiga la división de los partidos y la disidencia.

El Partido Socialista Catalán y Convergencia pactaron hasta la denuncia de Maragall el silencio de la corrupción de la que se nutría el empresariado catalán obligando a una espiral de subida de impuestos, el sobreprecio de la corrupción de las actuaciones públicas, y a una espiral de demandas al Gobierno de la nación para que engrasara, como así ha sido, el déficit económico, la dejación de responsabilidad y la corrupción del gobierno de la Generalidad.

El partido socialista catalán ha sido la quinta columna del fascismo convergente y de esquerra. Como querían la independencia, Maragall y sus herederos y adláteres diseñaron una estrategia de silenciar la corrupción en tanto ese era el escenario en que podrían pactar la independencia de Cataluña, con un Estatut finalmente reventado que forma parte de la estrategia gradualista de quedarse con todo el poder a costa incluso de más de la mitad de la sociedad catalana. El precio a pagar es demasiado alto y no hay reforma constitucional posible que satisfaga los anhelos razonables del residuo de cultura racional de la ciudadanía catalana, por cuanto el destino final del Estado será un proceso de balcanización que finalmente conduciría a un Estado fallido.

Ni será posible acordar un referéndum, convertido en un plebiscito, ni será posible una reforma constitucional, al no darse las condiciones ni existir los interlocutores que estuvieran dispuestos a acordar un cambio constitucional bajo un acuerdo de toda la sociedad y la ciudadanía afectada. El fracaso del federalismo de Pi i Margall, el fracaso de la aventura constitucional del General Prim son una expresión anticipada de cómo una sociedad viene a dotarse tras la dictadura franquista de una constitución cerrada en falso. Repugna a cualquier conciencia crítica la existencia misma de una monarquía constitucional que no ganará nunca su crédito en las personas de Felipe o Letizia, porque nace del dictado de unas leyes antidemocráticas orientadas a impedir en su día la actuación de las fuerzas aliadas que amenazaban a la dictadura. Y ocurre, sin embargo, que la España antimonárquica se ve obligada a defender la preeminencia de la ley sobre las aventuras suicidas y homicidas de los actores de la deslealtad constitucional catalana.

Se ponen ahora de manifiesto una vez más, no sólo los errores, aparentemente pequeños, de Aznar y Zapatero, o la desidia institucional de los gobiernos de Felipe Gonzalez, al acabar con un ejército de conscripción obligatoria que se haya en el eje fundamental del concepto de nación, al acabar por aceptar el proceso de sublevación catalán que coincide con el suicido colectivo del partido socialista, o al conceder el silencio a la corrupción de Banca Catalana y la cleptomanía de los Pujol, como bien sabía el entonces fiscal Carlos Jiménez Villarejo. También el fundamento perverso, el articulado contradictorio de la Constitución Española, y una ley electoral divisoria y divisiva.

De aquellos polvos vienen estos lodos. Si la corrupción amparó el latrocinio sistemático de mafias organizadas por el brazo político de la Generalidad, la denuncia de la CUP contribuyó a poner en marcha los procesos judiciales que han ido desgranando parte del entramado de la corrupción de la marca de Convergencia. Un instrumento a favor del estado nacional-socialista. La sociedad española no puede ignorar que estas mafias políticas organizadas en torno a la corrupción, articulan con la astucia que anunciara Mas, la apelación a la protección de la ley, y su abierta conculcación. Su único horizonte es sobrevivir, y para sobrevivir deben proceder a declarar el Estado Catalán como único medio para eludir su derrota electoral. El patético Iceta inventa una agresión del Estado, para proteger en la sombra su indisimulado rupturismo. Arrastrado por la historia de su fracaso llama al apaño político para sobrevivir, cuando camina inevitablemente hacia su extinción por buscar una condición de intermediario que nadie le ha pedido.

Ahora esta huida hacia adelante, esta deriva del secesionismo, largamente anunciada nos ha regalado una manifestación pública de recogida de firmas. Mesas dispuestas al efecto han obtenido la firma del DNI a quienes estampaban su firma en forma de papeleta anónima impresa en casa en una urna opaca para mayor regocijo de quienes se han conjurado a llevar a sus masas de la Cataluña racista y xenófoba. Barcelona, una ciudad que fuera abierta, se ha ensimismado y se aboca a su destrucción incluso a pesar de que es una minoría la que es capaz de movilizar y ejercer la violencia necesaria para imponerse a una colectividad de ciudadanos libres que han visto silenciado el ejercicio de su opinión. ¿Cuál es la masa crítica que convierte a una masa de invidividuos en esclavos de una minoría social que acaba imponiéndose?. La Ciencia de Redes ha estudiado este mecanismo en el comportamiento de las epidemias, hasta su remisión. Y las políticas de salud pública de aislar a los infectados ha demostrado ser un procedimiento eficaz para revertir el proceso que sin desmayo amenaza la vida entera de la población. ¿Cuantos votos necesitó Hitler para destruir la democracia alemana y ostentar todo el poder que determinó la guerra y la derrota?. Incluso una menor proporción resulta ahora eficaz. No cuenta que exista una mayoría que se oponga a ese designio. Caerán en las redes sociales de quienes dispuestos a ejercer la violencia extinguirán la disidencia, despues de ahogarla en su silencio y en sus lamentos.

En el horizonte, está la determinación política de quien ha de reconstruir la relación de las instituciones con el Estado incluso con la fuerza, y la amenaza permanente del populismo que ha tomado las armas de seducción masiva desde los púlpitos escolares o los medios y pacatos a sueldo.

Juan Pérez de Mungía