Sánchez concederá a Torra las 45 exigencias de Puigdemont

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La primera carpeta que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene encima de la mesa es la de Cataluña, un fichero que abrirá con una prioridad absoluta: reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, antes de las vacaciones de verano. El objetivo es empezar a crear un clima de distensión con gestos medidos hacia Cataluña. Por ejemplo, el PSOE no se opondría a que el Ejecutivo de Torra pudiera recuperar algunas de las leyes más sociales –pobreza energética, cambio climático, derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social, comercio, regulación del «cannabis» o «fracking» – que el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional durante la pasada legislatura.

Con todo, el primer paso del PSOE será fijar un encuentro entre Sánchez y Torra dentro del próximo mes, un tema que ya han empezado a abordar los responsables de sus respectivos gabinetes. Pese a que aún no hay día definitivo, la idea de ambos es no alargar demasiado el encuentro, que debería producirse en las próximas semanas. «Es importantísima, nosotros la haríamos ahora mismo», aseguró la nueva portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, quien ayer se estrenó en rueda de prensa ante los medios pidiendo «abrir una nueva etapa a los socialistas».

Mientras no se produce esta reunión, Torra empezará una ronda de contactos que hoy mismo incluirá una cita con el secretario general del PSC, Miquel Iceta. Muy próximo a Sánchez, de talante negociador y pactista, y con una dilatada experiencia en el tablero político catalán, los socialistas esperan que Iceta pueda jugar un papel importante en esta etapa de distensión entre Ejecutivos, con la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, de enlace en Moncloa. «Habrá ministros con más sensibilidad» hacia Cataluña, admitió ayer Elsa Artadi sobre Batet, «número uno» de los socialistas catalanes en las pasadas elecciones generales.

«Hay que revertir un camino que ha llevado a un callejón sin salida en Cataluña», replicó la ministra, quien pidió gestos al Ejecutivo catalán dentro del marco de la ley, la Constitución y el Estatuto, un mantra que repiten los socialistas como condición para abrir el melón catalán.

A estos dirigentes también se podrían sumar otros nombres como el del ex ministro y ex presidente de la Generalitat José Montilla, quien mantiene buenas relaciones con el resto de formaciones. De hecho, Montilla acudió la semana pasada a la toma de posesión del nuevo gobierno de Torra después de sustituir a los consejeros encarcelados y en Bruselas.

En este sentido, el deshielo entre La Moncloa y la plaza Sant Jaume podría empezar con el apoyo de los socialistas a que el Parlament recupere algunas de las leyes tumbadas por el TC de forma cautelar. Por ejemplo, el PSC votó a favor de la norma del cambio climático, la primera iniciativa legislativa del Ejecutivo de Puigdemont en la pasada legislatura. La norma sobre pobreza energética o el derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión serían otros dos leyes muy del agrado de los socialistas por su vertiente social y la desvinculación con el proceso soberanista. En cambio, el PSOE no cedería con la norma que regula la investidura a distancia, una iniciativa que Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP aprobaron por la vía unilateral hace pocas semanas.

En la reunión entre Sánchez y Torra también se abordarán los 45 puntos que el ex presidente Puigdemont llevó a Rajoy en el último encuentro entre presidentes hace ya más de dos años. De hecho, dentro de este listado se incluyen peticiones como que no haya injerencias en las leyes catalanes para afrontar medidas de emergencia en políticas de vivienda y pobreza energética, algo que el PSOE ve con buenos ojos.

Más a largo plazo, la hoja de ruta independentista pasa por el «derecho de autodeterminación» de Cataluña con un hipotético referéndum como objetivo final, un extremo que ni el PDeCAT ni Esquerra mentaron en el Congreso durante la moción de censura. Este extremo, sin embargo, se topará con un rechazo rotundo del PSOE, que podría abrirse a reformar el Estatut en clave federal.

El objetivo final del soberanismo es llegar a un acuerdo que incluya a los dirigentes presos y a los que se marcharon a Bruselas y a Ginebra para evitar ir a declarar ante la justicia. De hecho, desde JxCAT esperan el nombramiento de un nuevo fiscal general por parte del PSOE que haga algún gesto en este sentido. «Veremos qué capacidad y voluntad tiene», presionó ayer Artadi.