Pedro Sánchez utiliza el Falcon y el Super Puma cuando y como quiere. Hasta el momento, la justificación que siempre se ha dado a los medios desde La Moncloa es que el uso reiterado y cotidiano de este medio de transporte presidencial respondía exclusivamente a motivos de seguridad personal. Sin embargo, los documentos remitidos por el palacio presidencial al Consejo de Transparencia –a los que ha tenido acceso OKDIARIO– revelan que los obligatorios y preceptivos informes en los que se detallan las citadas exigencias de seguridad no existen. Es más, jamás han sido entregados, a pesar de exigirlo la “Ley de Altos Cargos”.
De hecho, ahora, tal y como desvela este sábado este periódico, la nueva justificación de los vuelos de Sánchez ha cambiado y no puede ser más explícita sobre lo que ocurre con el uso de estas dos aeronaves presidenciales. El presidente del Gobierno afirma que los usa “por el interés general” de España –Véase documento–. Punto final.
Los citados documentos revelan la inexistencia absoluta de cualquier justificación en materia de seguridad. El informe procede del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno oficial español, un organismo que ha solicitado la justificación de los vuelos en el helicóptero y ha desvelado que “de todo ello se deducen dos cuestiones. La primera es que no existen los informes solicitados y, la segunda, es que es el jefe del Ejecutivo el que decide, conforme al mandato y la competencia constitucionalmente establecidos, la conveniencia de cada viaje (…)”. En definitiva, que no hay ni la más mínima justificación por el uso reiterado del Falcon y del Super Puma, pese a exigirla la Ley de Altos Cargos.
Desde el punto de vista legal, esta situación supone un serio problema para el presidente socialista porque, aunque evidentemente se trata de medios de transporte a su servicio, no puede usarlos de forma abusiva ni arbitraria.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre de “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno” contiene una detallada regulación de los principios que deben regir las actuaciones de los altos cargos del Ejecutivo, cuya infracción se sanciona con la inhabilitación para el ejercicio de cargo público entre cinco y diez años.
También, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del “Alto Cargo de la Administración General del Estado”, según reza el artículo 1.2, incluye al presidente del Gobierno como alto cargo sujeto al cumplimiento de las obligaciones que en ella se detallan pormenorizadamente.
Entre ellas, se encuentra la exigencia de justificar los motivos, de la manera que sea, la motivación y la elección del medio de transporte más eficiente. Una eficiencia en la que se encuentra también recogido el coste del transporte. Por ello, Sánchez estaba obligado a dar una explicación y la ha dado: él es el presidente y sus decisiones, según él, son el “interés general” de España.
El párrafo aparece recogido en el documento que aquí se muestra. Éste señala de forma detallada que “es el presidente del Gobierno” la persona que “decide, conforme al mandato y competencia constitucionalmente establecidos, la conveniencia de cada viaje en función de los intereses generales del país conforme a las líneas de la acción política nacional e internacional”.
O, lo que es lo mismo, que es Sánchez la persona que determina qué es lo mejor para España, y en ese saber va implícito que él decida cómo viajar o cómo volar. Sin arreglo a más explicaciones. De hecho, así lo especifica, de ello depende que se haga lo mejor para el “país” –término que él emplea–, tanto para lograr los objetivos “de la acción política nacional e internacional”. Sin más aclaración ni explicación. Y casualmente, siempre elige el jet o el helicóptero presidencial. Siempre por el bien de España.
