El Ejecutivo socialista se atribuye mediante un “acuerdo motivado” la potestad de decidir “unilateralmente” en un plazo máximo de 15 días la nueva ubicación elegida para los restos del dictador, ante el rechazo frontal de la familia a ofrecer un sepulcro alternativo a la madrileña catedral de La Almudena. Esto es, el gobierno prohíbe expresamente en su acuerdo por razones de “orden público” y porque ellos supondría el incumplimiento, otra vez, de la Ley de Memoria Histórica y convertir el templo madrileño en un mausoleo de exaltación.
Tras el Consejo de Ministros extraordinario en el que Pedro Sánchez ha hecho oficial la convocatoria de elecciones generales, el próximo 28 de abril, el Gobierno, a través de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, confirma la fecha definitiva para la exhumación de Franco por estar, asegura, “indebidamente enterrado” en el Valle de los Caídos.
El último trámite necesario para retirar a Franco de su ubicación durante los últimos 40 años, habilita al Gobierno a ejecutar, por su cuenta, la reinhumación. Para ello, se apoyarán en un proyecto confeccionado por Patrimonio Nacional que permitiría hacerlo en apenas 48 horas, con cargo a una “obra menor” que han cuantificado por importe de 3.800 euros.
La familia Franco ya ha avanzado que no permitirá la ejecución de dicha propuesta, Tribunal Supremo mediante, y ultima los detalles para plantear la acción judicial correspondiente.
No sin antes advertir al Gobierno de las responsabilidades, incluso penales, en las que incurriría en el caso de no respetar los plazos legales previstos: 2 meses para la interposición de recurso contencioso-administrativo. Sin perjuicio de las medidas cautelares que solicitará, orientadas a la suspensión de cualquier actuación en el Valle de los Caídos, en tanto en cuanto el alto tribunal no se haya pronunciado sobre el fondo del asunto.
La modificación de la Ley de Memoria Histórica, vía Real Decreto el pasado 24 del mes de agosto, dio comienzo al procedimiento administrativo con el que Sánchez encargó a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, iniciar el acopio de la documentación institucional necesaria.
El procedimiento ad hoc diseñado por la instructora designada por Delgado, la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, con la finalidad de garantizar la exhumación de Franco, ha recabado informes de Patrimonio Nacional, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
