El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ya ha dado el primer paso para intentar que sea revocada la decisión de la jueza Carmen Lamela de enviarle a prisión. En su recurso ante la Sala de lo Penal niega la competencia de la Audiencia para investigarle y sostiene que «si el fin de la manifestación» ante la Conselleria de Economía del pasado 20 de septiembre «hubiese sido impedir la práctica de la entrada y registro, es obvio que lo habría conseguido fácilmente», lo que en su opinión supone que no exista ningún motivo para imputarle sedición.
El recurso, presentado por el abogado Jordi Pina, explica que la convocatoria realizada desde la ANC solo se refirió a la manifestación que se produjo en la Conselleria y nada tiene que ver con las «realizadas espontáneamente por ciudadanos indignados en otros lugares». Insiste en que nunca hubo «un alzamiento público y tumultuario» o que las personas que participaron mantuvieran «una actitud violenta, intimidatoria u hostil», lo que, agrega, descarta la sedición, penada con hasta 10 años de cárcel. Además, sostiene que Sànchez y Cuixart hicieron todo lo posible para que la concentración fuera de forma pacífica y su papel consistió en garantizar que se desarrollara así y que los agentes pudieran cumplir con el registro ordenado.
Según el recurso, la mayoría de los manifestantes eran mayores con claveles o bolsos en sus manos, «algo no habitual en concentraciones violentas». Añade que, además, pidió a los manifestantes que «protegieran unos vehículos que ya estaban dañados». Y reproduce una de las intervenciones de Sànchez: «Dejemos que nuestra policía haga su trabajo. En la comitiva judicial. No nos sirve para nada. Dejemos que se vayan. Se tienen que ir, no hacen nada aquí, dejemos que se vayan. Hostia, me dejo la piel como tú… Tranquilidad».
Falta de competencia
El recurso, presentado por su abogado Jordi Pina, insiste en que la sedición se encuentra actualmente incluida entre los delitos de desórdenes públicos que no son competencia de la Audiencia Nacional, por lo que la jueza Lamela no sería la juez predeterminada por la ley para investigar lo ocurridoen las protestas de los días 20 y 21 de septiembre.
Afirma que los hechos denunciados por la fiscalía «no son idóneos para modificar la organización territorial del Estado español», porque ello no se consigue «manifestándose varios miles de personas durante algo más de 24 horas ante la Conselleria de Economia», ni «tampoco con la supuesta obstaculización -que por supuesto negamos- de una entrada y registro en tales dependencias».
A su juicio, Lamela ha rechazado la jurisprudencia en este sentido del Tribunal Supremo, pero también de la propia Audiencia Nacional, respecto al delito de sedición. Para esta afirmación se basa en el auto de diciembre de 2008 sobre los crímenes del franquismo en el que la Audiencia negó ser competente para investigar rebelión. «Si la voluntad de modificar la organización territorial del Estado no sirve para atribuirle la competencia por rebeión, tampoco puede serlo para la sedición», afirma la impugnación.
De ahí que entienda que la interpretación que ha hecho Lamela para asumir la competencia «resulta manifiestamente forzada y extravagante», lo que «pone seriamente en duda su imparcialidad», más cuando «adopta la decisión más importante que puede adoptar en su condición de instructora: decretar la prisión provisional».
A la vez que Puigdemont
La defensa considera una «irregularidad» que la segunda citación de Sánchez y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, coincidiera con el plazo dado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para contestar al requerimiento del Gobierno sobre si había declarado o no la independencia.
Destaca que tras las declaraciones del 6 de octubre y hasta el pasado día 16 «no se había producido ningún hecho nuevo relevante ni se había acordado ninguna diligencia de investigación novedosa que justificara este segundo llamamiento» de los imputados. «La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la VII Zona actuó por iniciativa propia», al hacer el informe ampliatorio aportado a la Audiencia, «lo que resulta absolutamente irregular al ya estar la causa judicializada».
Ese informe se prolonga hasta los hechos del 1-O y habla de «una supuesta hoja de ruta para alcanzar la independencia, lo cual no tendría mayor relevancia, si no fuera porque el ministerio fiscal y luego la instructora los han tomado como base para justificar un hipotético e inexistente riesgo de reiteración delictiva».
