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Sánchez saquea a los ayuntamientos

Un pacto de caballeros fue cumplido en la política española recientemente. Y eso es noticia en los tiempos que corren. Las corporaciones locales se comprometieron hace algunos años, en lo más crudo de la cruda crisis financiera, a no caer en gastos excesivos que les hicieran incurrir en un déficit que sería señal suficiente para que sus arcas fueran intervenidas por el Estado. Y lo cumplieron.

La responsabilidad de los alcaldes se antepuso a las lógicas de partido, sobre todo a aquellas que imponen gastar por encima de las posibilidades todo lo que se pueda en una acción sustitutoria del individuo para que éste no tenga que preocuparse de sus necesidades, convenientemente cubiertas por los poderes públicos. Hicieron bien su trabajo y sus deberes quedaron caballerosamente cumplimentados.

Este análisis del cumplimiento responsable por los regidores de aquellas exigencias financieras tan duras tiene un reverso, una lectura liberal que despoja a los ayuntamientos de la heroicidad que se les ha conferido por su ahorro de dinero: si les han sobrado cantidades importantes es porque incautan demasiado a los contribuyentes vía impuestos locales: IAE, IBI, circulación, construcción, régimen sancionador y tasas municipales.

El infierno fiscal en el que vivimos tiene un primer escalón en la Casa Consistorial de ahí al lado. Un planteamiento bastante defendible, que si se tradujera en normativa legal obligaría a las corporaciones a devolver a los ciudadanos lo que han aportado de más para los gastos de los ayuntamientos. El superávit podría descontarse de los próximos recibos de la contribución urbana, de forma que fuera igual de proporcional al cobro de ese impuesto que grava la tenencia de una vivienda.

Cuando he tenido la ocasión de plantear en entrevistas esta posibilidad a un alcalde, de ciudad o de pueblo, la divagación dialéctica que he obtenido como respuesta era similar a cualquier somnífero. Pero ninguno de ellos dijo «sí, buena idea: devolvamos a los administrados lo que ha sobrado de aquello que les cobramos». Prefieren acometer otros gastos con lo que ha sobrado.

El asunto cobra estos días relevancia con la confiscación de los ahorros municipales por parte del ministerio de Hacienda, cantidades que, en base al poco caballeroso acuerdo alcanzado ahora en contra de los propios alcaldes, serán devueltas en cómodos plazos por el gobierno durante varios años. Es como si el banco requisara el ahorro de sus clientes y aplicara un interés para su devolución paulatina. De locos. Pero la víctima de la tropelía no son los alcaldes de todos los colores políticos que han sido engañados y se revuelven ahora esgrimiendo sus bastones de mando. Las víctimas son los ciudadanos que tendrán que seguir apretándose el bolsillo para hacer frente a unos impuestos municipales desorbitados, cuando las entidades a las que se los abonan no necesitan todo ese dinero para cubrir los gastos de los servicios que prestan. Como ha quedado demostrado en estos ocho años de superávit.

El acuerdo de la institución que representa a los municipios y el gobierno central deja retratadas también algunas actitudes de magra caballerosidad. La FEMP suscribe un pacto en contra de los intereses de sus representados, que ya empiezan a anunciar su baja en una asociación cuyos responsables anteponen los intereses partidistas a los del municipalismo. Jamás deberían pertenecer a un club que admitiera como administradores a alguien como ellos, que diría el clásico.

Y el presidente Sánchez, que se comprometió a que ésta fuera la legislatura de los municipios, afirmó cuando era jefe de la oposición: «Le pido al señor Rajoy que cumpla con la palabra dada y permita que los ayuntamientos puedan hacer uso del remanente de tesorería que tienen y de la liquidez que tienen, porque es fundamental para atender muchas de las necesidades sociales que tienen sus vecinos y que tienen sus vecinas». Todo eso queda en la bendita hemeroteca, como tantas otras cosas.

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