Se buscan los datos de 5,5 millones de catalanes para el Referéndum

La celebración de un referéndum el 1 de octubre es una decisión política, cierto. Pero un referéndum no se celebra sin más. Tiene sus reglas y una compleja mecánica que no se puede improvisar ni se puede aplicar de cualquier modo si lo que desean sus promotores es dar veracidad y legitimidad a los resultados.

El censo

La disponibilidad de un censo de electores es uno de los requisitos indispensables.

¿Por qué es importante el censo?

Porque determina el universo de personas a las que se les va a consultar sobre la cuestión en liza y porque garantiza la igualdad. Ningún ciudadano catalán puede quedar excluido porque por esa razón se trata de un referéndum, porque todos los electores de un territorio, en este caso Catalunya, han de poder ejercer su derecho de voto.

Y en este punto el Govern, o quien al final organice la cita del 1 de octubre, topa con el primer problema. Con la ley en la mano sólo existe en Catalunya un censo electoral oficial, el que cada mes actualiza la Oficina del Censo –que depende del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Economía–. El censo es único.

¿Cómo se crea un censo?

Cuando se acuerda la celebración de unas elecciones o, en este caso, un referéndum, la Oficina del Censo cierra la lista de electores dos meses antes de la fecha de la convocatoria y la pone a disposición de la autoridad electoral, en este caso las juntas provinciales.

Este censo se compone de dos listas, la de los residentes en el territorio donde se desarrolla la consulta y los que están registrados en él y tienen derecho a voto pero residen en otro lugar. El último censo electoral catalán, emitido para las elecciones de septiembre del 2015, sumaba entre residentes y no residentes, 5.510.713 personas.

El problema para la Administración catalana es que para disponer de ambas listas, la de residentes y no residentes, es necesario que la consulta haya sido formalmente aprobada por el Congreso de los Diputados, rubricada por el presidente del Gobierno y por el Rey.

No parece que esa sea la situación para el referéndum del 1 de octubre. Así que no habrá un censo. O no lo habrá de acuerdo con lo que establecen las leyes actualmente.

¿Se puede crear otro censo?

Con la ley actual, no. Otra cosa –la más probable– es que el la mayoría independentista apruebe una legislación específica para la celebración del referéndum –que puede ser impugnada por el Estado– en la que, entre otras cosas, deberá determinar con qué censo cuenta, cómo y quién lo elabora.

Técnicamente la Generalitat dispone de herramientas para crear su propio censo de electores porque, para empezar, nada impide el acceso a los datos de la oficina estatal. De hecho, cada vez que hay elecciones la Generalitat pide que se le entregue una copia ín-

tegra del censo electoral y la ley española de protección de datos habilita a las comunidades a acceder a él.

Además, la Generalitat tiene acceso a los datos del padrón de habitantes de los ayuntamientos catalanes. Así pues, el Govern dispone de las fuentes de información suficientes para poder elaborar un censo de electores propio al margen del que legalmente correspondería elaborar a la oficina estatal.

El Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) es el instrumento que recaba esos datos.

¿El Govern tiene su propia lista?

En teoría el trabajo del Idescat se ciñe a un estricto plan estadístico –una detallada lista de tareas–. El último se aprobó este mismo año y estará vigente hasta el 2020. En el plan no consta la creación de un censo de electores y en el Instituto aseguran que, de momento, no ha cambiado su plan. En los documentos del Consell Asessor per la Transició Nacional ya se apunta que el Institut sería la opción más plausible para la fabricación de la lista de electores.

Ahora bien, hay otra opción. En el 2014, antes de la celebración del 9-N, el Idescat cerró un acuerdo con el Departament de Governació por el que le cedía los datos del registro de población de Catalunya. Ese acuerdo sigue vigente.

Estas fichas de toda la población de Catalunya incluyen nombres, DNI, dirección postal, edad, lugar de nacimiento y formación, que debían servir para confeccionar un registro de participación en consultas populares.

Esta cesión de datos cuenta con el aval legal de la Agència Catalana de Protecció de Dades, que ha emitido diversas decisiones relacionadas con el tratamiento que recibieron esos registros durante el 9-N cuando fueron utilizados para enviar un tríptico explicativo del proceso participativo.

¿Y los expatriados?

El registro de población podría servir para la elaboración del censo interior, pero ¿qué ocurre con los residentes catalanes en el extranjero, que en el último censo oficial, el del 27-S, sumaban 195.533 personas?

La complejidad para hacer un censo certero de los residentes con derecho a voto fuera de Catalunya es mayor. El Govern impulsó hace algunos meses la creación de un registro voluntario prometiendo una serie de beneficios a los que se inscribieran.

Al parecer este llamamiento no ha sido un éxito y no son pocas las críticas al Departament d’Exteriors y al de Governació por las gestiones realizadas para la creación de esta lista de electores no residentes. Según algunas informaciones no verificadas hasta ahora, en este registro se han inscrito hasta el momento unas 5.000 personas, una cifra que queda muy lejos de las 195.000 que contabilizó el censo del 27-S.

¿Se pueden usar los datos?

Pero la creación de un censo de electores no es inocua legalmente. En definitiva, el Govern ha de tratar datos personales de millones de individuos y la manipulación de esa información puede chocar con las limitaciones de las leyes de protección de datos, una legislación de alcance europeo. Sin embargo la Agència de Catalana de Protecció de Dades ha dado por bueno el registro y considera que el Govern está habilitado para poder tratar esa información merced a la ley de Consultes no Refrendàries aprobada en el 2014. El Tribunal Constitucional no lo ha cuestionado porque reconoce la potestad del Govern para organizar consultas, cosa distinta de un referéndum como el que se pretende ahora.

La Junta Electoral

Otra de las piezas fundamentales es la Junta Electoral, el organismo judicial que se encarga de supervisar la mayor parte de los detalles logísticos y legales de la celebración.

¿Por qué debe haber una Junta?

Porque es la garantía de que el proceso electoral se ajustará a la ley y será limpio. Su misión consiste en verificar todo cuanto ocurre antes, durante y al final de la convocatoria electoral. Su lista de competencias va desde la tutela del trabajo previo que realiza la Oficina del Censo hasta la entrega de las actas a los candidatos en el caso de unas elecciones. De principio a fin. En un referéndum sería, al final de todo el proceso, la encargada de verificar y dar por buenos los resultados.

En definitiva su vocación es ser el árbitro y autoridad electoral y por esa razón son los jueces quienes la presiden y quienes la dirigen. No es un modelo exclusivo de España. La inmensa mayoría de los regímenes democráticos emplean en las elecciones al poder judicial como árbitro que garantiza la limpieza y la neutralidad de todo el proceso. Al equipo de jueces designados por sorteo se suman los vocales designados por los partidos políticos al inicio de cada legislatura.

¿Existe un Junta Catalana?

Sí, pero no. La respuesta es extraña, pero es la verdad. La Junta Electoral, de acuerdo con la ley española aprobada en 1985 está organizada en torno a una Junta Central y las juntas provinciales. La Junta Electoral que actúa en Catalunya depende orgánicamente del Estado y de la Junta Electoral Central porque Catalunya carece de una ley electoral propia. Es decir, sí existe una junta catalana –las cuatro juntas electorales provinciales–, pero no depende orgánicamente del Parlament de Catalunya, sino de la Administración central.

Aunque parezca extraño, Catalunya es la única de las 17 comunidades autónomas que no cuenta con una ley que regule sus propios procesos electorales y en consecuencia está obligada a aplicar la legislación general del Estado para cualquier convocatoria, incluido un referéndum.

Para que se entienda la importancia de esta singular carencia, que es fruto de la incapacidad de los partidos políticos catalanes para ponerse de acuerdo en esta materia, cabe recurrir a la ley vasca. En 1983 el Parlamento de Vitoria aprobó su propia regulación electoral –actualizada en 1990 para ajustarla a la normativa española–, lo que le permitió constituir su propia autoridad electoral autonómica ajustada a las singularidad de los territorios vascos y designar al Departamento de Interior como el órgano competente para la celebración de unas elecciones. Catalunya carece de esos instrumentos propios.

Bien es cierto que la disposición de esos mecanismos no le sirvió al Parlamento vasco para poder convocar el referéndum que trató de impulsar el lehendakari Ibarretxe en el 2008, pero la prohibición de la consulta no fue debida a la ley electoral, sino al objeto mismo del referéndum que fue anulado por el Tribunal Constitucional.

¿Se puede crear una Junta?

Claro. Sólo hace falta que el Parlament de Catalunya, de acuerdo con las competencias que le atribuye el Estatut, pueda aprobar una ley electoral que disponga su creación. Pero harían falta los votos de dos tercios del Parlament

Además, como ocurre con el censo, la legislación autonómica no significa que las comunidades puedan eludir las exigencias de la ley estatal sobre procesos electorales. Una junta autonómica sólo se podría activar como autoridad electoral si la convocatoria del referéndum fuera legal, es decir, reconocida por el Estado.

En las circunstancias en las que muy probablemente se celebraría la cita del 1 de octubre, la Junta Electoral no se activaría e incluso, puede llegar a actuar en contra del propio proceso en caso de denuncia de vulneración de los derechos electorales.

¿Hay otros posibles árbitros?

Con la ley actual, no. El Parlament de Catalunya puede aprobar la creación de otro marco legal con el que trate de sustituir a la Junta Electoral y reemplazándola por otro instrumento de garantía de las elecciones. Pero dificilmente en este órgano de arbitraje van a participar los jueces y los funcionarios de los tribunales. Todo ello se produciría al margen de la legislación actual y su constitución muy probablemente no resultará pacífica.

La creación de este órgano es uno de los misterios que se desvelarán el próximo 4 de julio cuando los promotores del referéndum, el presidente de la Generalitat o los grupos parlamentarios que le prestan apoyo revelarán los detalles de la organización de la cita del 1 de octubre.

En las últimas semanas fuentes del Govern han dado a entender que se pretende crear una sindicatura electoral integrada por expertos juristas y politólogos que se encargarán de velar por la organización del referéndum y la limpieza de todo el proceso. Esa será la ley, o una de las leyes, que Junts pel Sí y la CUP tratará de aprobar por la vía de urgencia y en lectura única en el Parlament. Un proceso polémico que previsiblemente acabará siendo recurrido por la Administración central e incluso por los propios grupos de la oposición que crean vulnerados sus derechos.

Neutralidad

Más allá del marco legal –que es una condición imprescindible para el reconocimiento internacional del referéndum–, otro de los grandes retos al que se van a enfrentar los promotores de la cita del 1 de octubre será cómo garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos que sean llamados a las urnas. La palabra clave en este aspecto es la neutralidad de la convocatoria, es decir, que los promotores del referéndum no se decantan hacia alguna de las opciones en liza.

Consejo de Europa y el Estatut

Una de las premisas que establece la Comisión de Venecia –el organismo asesor del Consejo de Europa para los procedimientos democráticos– es que el referéndum se celebre bajo el principio de neutralidad activa de la Administración para garantizar la libre elección de los ciudadanos.

El último referéndum celebrado en Catalunya fue el del 2006 sobre el nuevo Estatut. En aquella convocatoria la Junta Electoral Central se enfrentó al Gobierno de Pasqual Maragall con dos decisiones consecutivas porque había lanzado una campaña para incentivar la participación en la consulta. Para la Junta, la sola promoción del ejercicio al voto ya significaba una pérdida de neutralidad de la Administración.

Un referéndum tiene unas reglas que no se pueden improvisar. Disponer de un censo, una autoridad electoral y garantizar la neutralidad de la Administración son sólo algunos de los requisitos indispensables.

Para leer rápido un tema complejo

Censo. Es una herramienta imprescindible para poder garantizar el voto en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos. Sin un censo que alcance a todos los catalanes con derecho a sufragio que viven en Catalunya y en el extranjero, no sería un referéndum. Con la actual ley sólo hay un censo que cumpla estos requisitos, el de la Oficina Española del Censo Electoral, pero si la convocatoria no es legal no estará disponible para organizar el 1-O. La Generalitat puede aprobar una ley –que previsiblemente será impugnada– para crear un censo propio. Para hacer este censo puede echar mano de dos instrumentos, el Institut Català d’Estadística, que cuenta con las fuentes de información necesarias, o bien el Registre de Població que el propio Idescat cedió al Departament de Governació en el 2014 antes de la celebración del 9-N. El convenio de cesión sigue vigente. En cualquier caso, habrá que ver si la justicia y las agencias de protección de datos no cuestionan la elaboración de estas fichas.

Junta Electoral. Es la autoridad en cualquier votación. Está constituida por jueces y vocales y su tarea abarca todo el proceso, desde la constitución del censo hasta la certificación de los resultados. Las elecciones en Catalunya se rigen por la ley española porque es la única comunidad que no ha sido capaz de elaborar una ley electoral propia. Las juntas electorales provinciales de Catalunya y los jueces que las integran sólo pueden participar en el referéndum si su organización es reconocida por el Estado. De no ser así, el Govern no podrá contar con el aparato judicial ni con la Junta Electoral y deberá sustituirla por una autoridad electoral que precisará una nueva regulación legal que corre el riesgo de ser impugnada.

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