Como estaba previsto, la mayoría independentista del Parlament de Cataluña ha acordado esta mañana modificar el orden del día del Pleno para introducir la votación de la ley del Referéndum, el texto con el que el gobierno de la Generalitat tiene previsto de manera inmediata firmar el decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre.
Forzando el reglamento de la cámara, desdeñando a la oposición, incluso pasando por encima de los dictámenes de los letrados del Parlament y del Consejo de Garantías Estatutarias, los grupos de Junts pel Sí y la CUP han impuesto su mayoría para forzar la votación, que está prevista que se produzca en un par de horas, al mediodía, una vez concluya el plazo para presentar enmiendas que la mayoría secesionista ha concedido a la oposición.
Mientras que los grupos independendistas han apelado de nuevo a los derechos históricos y a Cataluña como «sujeto político soberano», en palabras de Anna Gabriel (CUP), la oposición ha denunciado una «cacicada» parlamentaria en forma de vulneración de sus derechos. Anna Rovira (Junts pel Sí) ha invocado “el derecho de autodeterminación al que como nación tenemos derecho».
En medio de un bronco y accidentado debate que ha obligado a repetir la votación porque algunos de los aparatos no funcionaban,en el que de nuevo Carme Forcadell ha actuado como parte y se ha encargado de publicar la ley en el boletin del Parlament, Cs, PSC, Sí que es Pot y el PP han reclamado que la Mesa, en base a los informes jurídicos precedentes, una reconsideración de la medida que ha sido rechazada por la mayoría de la Mesa. El Pleno finalmente ha votado, introduciéndose como pretendía JpS y la CUP el pronunciamiento de la Cámara respecto a la ley del Referéndum.
Durante el debate previo, Carlos Carrizosa (Cs), ha señalado que «este Parlamento puede debatir de todo, pero con respeto a la democracia». «Esto no es una gestoría del gobierno de Puigdemont», ha denunciado con respecto al atropello de los derechos de la oposición. «El Estado de Derecho y la democracia tiene los mecanismos suficientes para que lo que estamos haciendo aquí quede invalidado. Están depreciado e injuriando esta cámara legislativa», ha añadido.
Por su parte, Ferran Pedret (PSC), que ha sido el único que de momento ha hecho uso de la tribuna, ha recordado que la oposición no está de acuerdo ni con el fondo ni con la forma de lo que se está planteando hoy en el Parlament. «Una ley para ser legal no es suficiente con que ponga ley al inicio del texto (…) Los derechos de los ciudadanos no pueden ser pisados de cualquier manera». El portavoz del PSC en el debate ha recordado que los letrados del Parlament señalaron que hay trámites parlamentarios, para aprobar una ley, que no se pueden obviar, algo que JpS y la CUP han vulnerado, como la posible petición de un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, que tiene un mes para dar su opinión.
«Método bucanero»
En paralelo, Joan Coscubiela, al frente de CSQP, grupo que previsiblemente se abstendrá cuando al mediodía se produzca la votación de la ley, ha acusado a la mayoría de “inventarse el método bucanero. Están situando a las instituciones catalanas en un ámbito de excepción. ¿Son conscientes de la gravedad de lo que están perpetrando?» «El reglamento no lo permite todo. No puede permitir anular por unos días los derechos de los diputados. El reglamento no autoriza a dejar en suspenso las leyes catalanas»., ha añadido.
Finalmente, Santi Rodríguez (PP), portavoz del PP, ha apntado que «la mejor garantía de respetar el derecho de los diputados es cumplir el reglamento. El artículo 82 señala que los diputados tienen que tener las propuestas aprobadas por la Mesa al menos con un plazo de 48 horas, tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlament, que se acaba de hacer», una consideración que el rodillo de la mayoría ha pasado obviamente por alto.
