Sectores de la Fiscalía han empezado a deslizar una posibilidad: que el Gobierno de Pedro Sánchez acepte la amnistía de todos los delincuentes separatistas y, dado que la forma de legislarla puede ser compleja, que algunos de los fiscales se nieguen a aceptar semejante ejercicio de «retorcimiento legislativo» y opten por mantener las acusaciones contra los distintos acusados o condenados golpistas.
Un documento de la Asociación de Fiscales ha dado forma a un pensamiento ampliamente extendido entre muchos de los fiscales. No entre la cúpula designada o aupada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero sí entre los fiscales de a pie. Y aunque es cierto que la Fiscalía funciona con jerarquía y puede imponer las decisiones por pura cuestión de autoridad de la cúpula que contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, el espectáculo de semejante decisión podría ser lamentable y memorable.
El documento ha sido divulgado bajo el título de «LA AMNISTÍA. UNA POSIBILIDAD PROHIBIDA POR NUESTRA CONSTITUCIÓN» y ha sido elaborado por Emilio Frías Martínez, de la Fiscalía Provincial de Albacete. Y allí se concluye de forma resumida que «recientemente se ha abierto en España un debate sobre la constitucionalidad de una posible ley de amnistía, el presente artículo trata la cuestión concluyendo que la amnistía no está permitida en la Constitución de 1978«.
Los motivos explicados son innumerables. Se destaca que «la amnistía es una manifestación del derecho de gracia, y la Constitución únicamente contempla la modalidad del indulto particular, prohibiendo expresamente el indulto general y la amnistía de una manera tácita». También se subraya que «no solamente debemos entender a la amnistía como inconstitucional por este motivo sino porque supone un acto deliberado por el cual se ignora lo que el propio legislador considera injusto, siendo la convalidación de lo injusto contraria a los principios esenciales del texto constitucional y una actuación arbitraria del legislador». E, igualmente, que «una ley de amnistía no sería posible en nuestro país, además, por ser el ejercicio del derecho de gracia competencia del Ejecutivo, por un lado, y, además, supondría el enjuiciamiento de actos concretos ya cometidos que corresponde a jueces y tribunales en exclusiva».
El documento avanza más y argumenta que «una conducta, cualquiera de las de nuestro Código Penal, es injusta y, por tanto, es delito y debe ser castigada». Y añade que si «el legislador decide hoy que pese a que esa conducta debe ser castigada por seguir siendo injusta, determinadas conductas cometidas en un lapsus temporal determinado pese a ser injustas deben ser perdonadas, pero que si tal hecho se comete fuera de ese marco temporal sí debe ser castigado», lo único que certifica es que «una amnistía beneficia la injusticia«. Porque «parece claro que todo responsable publico debe perseguir el fin al de la injusticia y una amnistía beneficia la injusticia». Es más, «delito es la acción típica, antijurídica y culpable, perdonar un delito equivale a ignorar un acto antijurídico, e ignorar algo antijurídico es un acto injusto por sí mismo. Si la amnistía es injusta, es contraria a la Constitución».
Para colmo, sectores de los fiscales han terminado de disparar su enfado por la reunión de Yolanda Díaz en Bruselas con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. «Yolanda Díaz está retorciendo el Código Penal para reunirse con Puigdemont y podría ser hasta inhabilitada por ello», señala un fiscal a Libertad Digital. La postura alude al artículo 408 del Código Penal, que castiga a toda «autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables». Las mismas fuentes asumen que no se hará nada pero señalan que ese tipo de comportamientos deberían ser analizados jurídicamente y advierten de que se están retorciendo de forma sistemática las leyes para llevar a cabo la negociación de investidura de Pedro Sánchez.
Y algunos de estos fiscales expresan ya en público su convicción de que, si la forma de regular la amnistía es encubierta y presenta defectos desde el punto de vista legislativo, no darán facilidades a su aplicación y a la pretendida paralización de los procesos de acusación que desarrollan en estos momentos contra delincuentes separatistas ligados de cualquier manera al 1-O.
