El expresidente de CatalunyaCaixa, Narcis Serra, ha declarado este jueves en el juicio que se celebra contra él y otros 40 directivos de la entidad financiera, que los supuestos sobresueldos otorgados a dos altos cargos, el director general Adolf Todó y el director general adjunto Jaume Massana, cumplían a “rajatabla” con la normativa europea, se situaba en “la mediana” de sector y fueron comunicados al Banco de España y la Generalitat. “Teníamos que buscar al mejor director y el contrato era ajustado”, ha explicado. Después ha afirmado: “Yo también soy crítico con la remuneración del sector financiero”. El incremento salarial de los directivos se produjo en plena crisis económica.
“Afirmo que las decisiones del 2010 las tomamos porque el Banco de España nos consideraba fundamentalmente solvente, no nos consideraba en quiebra y que superaría la crisis, en contra de lo que opina el fiscal”, ha explicado el que fuera vicepresidente durante el Gobierno socialista de Felipe González. Ha añadido: “Estaba convencido que la entidad tiraría adelante, lo que nadie sabía es que la crisis del 2011 sería peor que la del 2008”, ha insistido. El Fondo de Reestructuración Bancaria (FROP) inyectó CatalunyaCaixa en en julio del 2010 1.250 millones de euros y en el 2011, 1.718 millones. El consejo de administración de la entidad aprobó el aumento de las retribuciones de Todó y Massana en enero y octubre del 2010.
Solvencia de la entidad
En la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona han empezado a declarar los imputados. El primero en hacerlo ha sido Serra, que se enfrenta a cuatro años de prisión. El expresidente de la entidad financiera ha afirmado que cuando tomó posesión de su cargo en CatalunyaCaixa quería cambiar el rumbo de la entidad y desprenderse de activos en el sector inmobiliario. La sesión se ha debatido sobre la crisis financiera y la solvencia o no de CatalunyaCaixa y si era adecuada o no la alta retribución de los directivos de la entidad, entre ellos Adolf Todó, y sus posteriores incrementos. “El aumento era progresivo y nosotros nos ceñimos a cumplir el contrato”, ha sostenido. «El ánimo era de cumplir lo pactado y que Todó se sintiera reconocido», ha insitido. El fiscal ha alegado que una de las cuestiones que pretende demostrar es la «política fácil con la que se manejaba los caudales de la entidad» y ha preguntado sobre importantes indemnizaciones otorgadas a algunos ejecutivos.
El primero de los acuerdos bajo sospecha se aprobó el 19 de enero del 2010 y consistía en aumentar el salario fijo y el variable anual de Todó del 35% al 50% y el de Massana del 35 al 45%. Por este apartado están acusados 17 directivos, entre ellos Serra y Todó. El 13 de octubre de ese mismo año, el consejo de administración aprobó otra subida de las retribuciones de los miembros del comité de dirección para el 2011. Todó pasó a cobrar de 800.481 euros a 812.501 y Massana de 598.428 a 610.201 euros. Por este acuerdo están acusados 41 exdirectivos, entre ellos Serra. El fiscal acusa a 17 ejecutivos de dos delitos de administración desleal (votaron en enero y octubre) y al resto solo de un delito. Antes de la aprobación del último incremento de sueldos, Caixa Catalunya se había fusionado con la de Tarragona y la de Manresa (mayo del 2010). El FROB suscribió participaciones de la caja por 1.250 millones de euros el 28 de julio del 2010, meses antes del segundo aumento de sueldo.
Narcis Serra ha repetido en varias ocasiones que ni Deloitte, que era la empresa que auditaba las cuentas, ni la comisión de control, que era un organimsmo independiente, «hizo ninguna observacios» sobre las retribuciones de estos directivos, a la vez que ha reclacado que los sueldos estaban reflejados en las memorias anuales que podían consultarse.
