Dar preferencia al inmigrante por el mero hecho de serlo, es una excusa racista barnizada de buenismo progre. La xenofilia de los progresistas alcanza niveles tan delirantes que en cualquier otro momento de la Historia habría tenido gravísimas consecuencias para ellos. Y es que una parte de la población española, tal vez el 20%, sobrevalorada mediáticamente y sobrerepresentada socialmente, quiere morir. Odio de sí mismo, arrepentimiento, autoflagelación, etnomasoquismo, xenofilia… Todo esto ya ha sido analizado un millón de veces y se puede resumir en una pulsión de muerte. Es un suicidio lento, pero real.
Ellos ven, al igual que todos, la degradación y la decadencia, pero su cerebro desquiciado, su pervertida escala de valores y su nulidad intelectual lo interpretan como la antesala de Shangri-Lá en primavera.
El 20% de los españoles desea, pues, morir, quiere desaparecer. Es su problema, pero nos quieren arrastrar al resto en su caída. Estos trastornados quisieran que hasta el recuerdo de sus antepasados fuera borrado de la faz de la tierra que les vio nacer. Les quieren dejar abiertas las puertas de par en par a los representantes de los pueblos más violentos y atrasados de la Tierra, incapaces nunca de nada grande. Si se enteraran que hay vida extraterrestre, les abrirían los brazos (y las nalgas) a los marcianos. Y pronto oiríamos: ¡Papeles para todos! ¡Sanidad para los hombrecitos verdes!
¿Qué clase de argumentos pueden oponer a esto los electores de los partidos del sistema? La inmigración crece y con ella los problemas inherentes a la falta absoluta de una política razonable al respecto. Estamos en pleno descontrol. El sistema se ha desentendido por completo de los intereses del pueblo español y de la misma supervivencia de España. Esta cuestión sigue absolutamente ausente del debate político. Como si no existiera. Se habla tanto de los problemas de la inmigración como de los elefantes voladores: eso no existe, por lo tanto no se debate lo que no existe.
Más de 44 millones de euros es el presupuesto anual que, por el momento, el Gobierno pancatalanista de Valencia maneja para uno de sus proyectos estrella: la renta valenciana de inclusión, una ayuda monetaria que concederá la Generalidad a personas con muy pocos recursos y que ampliará el espectro de beneficiarios de su predecesora, la renta garantizada de ciudadanía, ya que reduce los requisitos para poder optar a ella. Así, por ejemplo, no será necesario contar con el permiso de residencia para poder recibir esta ayuda económica mensual. Bastará, únicamente, con estar empadronado en algún municipio de la Comunidad, al menos, durante un año y ser mayor de edad, según informa Las Provincias.
En concreto, según explicó ayer la vicepresidenta del Ejecutico valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, hasta ahora el acceso a la renta garantizada de ciudadanía era «muy restrictivo», ya que era necesario llevar, al menos, dos años empadronado en la Comunitat, disponer del permiso de residencia legal y tener entre 25 y 65 años. A partir de ahora, únicamente será necesario contar con una «residencia efectiva» en algún municipio de la región, mientras que el límite de edad también desaparece y el mínimo desciende hasta los 18 años. Sobre esta reducción de los requisitos, Oltra descartó que vaya a provocar un efecto llamada.
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Las cuantías de las ayudas también aumentan y pasarán de los 385,18 euros al mes actuales a cifras que pueden alcanzar los 532 euros mensuales (el actual Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), en función del tipo. En este punto, el anteproyecto de ley que regulará la citada prestación establece varias modalidades nuevas. Por un lado, se crea la renta complementaria de ingresos, bien por trabajo o por recibir alguna otra prestación (desempleo, jubilación, etc.), siempre y cuando sea inferior al 80% del salario mínimo interprofesional (es decir, aquellos que reciban menos de 524 euros al mes). En estos casos, la ayuda autonómica supondrá un añadido a esos ingresos, por lo que el importe dependerá de cada situación concreta.
Por otra lado, se desarrollará la renta de inclusión en dos vertientes. Aquellas personas cuya situación ha sido valorada por los servicios sociales y que se comprometan a seguir el itinerario marcado por ellos (búsqueda de empleo, atención sociosanitaria, etc.) recibirán 532 euros al mes (una familia de seis o más miembros, ejemplificó Oltra, recibiría 745,50 euros mensuales). Si el solicitante renuncia a seguir el plan marcado por los trabajadores sociales municipales, la cuantía se reduce a los 266 euros mensuales ya que, como subrayó la propia Oltra, «nadie que lo necesite se va a quedar fuera del sistema».
Además, ser beneficiario de esta renta de inclusión hace que, automáticamente, estas familias reciban otras ayudas autonómicas, como la beca comedor, plaza en una escuela infantil pública o ayudas al transporte o al alquiler, en el caso de requerirlas.
Ilimitada
La duración de la prestación también varía. Hasta ahora podía recibirse, como máximo, durante tres años consecutivos y debía renovarse cada seis meses. Sin embargo, el nuevo modelo no fija límites, por lo que la duración será indefinida mientras se mantenga la situación que ha motiva la concesión de la prestación.
Entre los cambios establecidos en la nueva modalidad destaca también que dos familias que residan en el mismo inmueble podrán optar a recibir las ayudas y que el «silencio administrativo» será positivo, por lo que a los tres meses del inicio de la tramitación, y si los solicitantes no han recibido respuesta, se dará por concedida. Sobre este último punto, la consellera indicó que «hemos sido muy valientes».
