El abogado Víctor Valladares ha denunciado al presidente Pedro Sánchez por prevaricación administrativa al permitir las marchas feministas del 8 de marzo. La querella, que fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de guardia de plaza Castilla de Madrid, debe ser admitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que el presidente del Gobierno tiene condición de aforado.
Además de al presidente del Gobierno, la querella por prevaricación administrativa afectaría a los delegados del Gobierno de las 17 comunidades autónomas por permitir las masivas manifestaciones del Día de la Mujer Trabajadora a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya había advertido del peligro de transmisión de la pandemia.
La denuncia por prevaricación adminitrativa está recogida en el artículo 404 del Código Penal, que establece una pena de 9 a 15 años de inhabilitación para aquella autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Valladares recuerda en su escrito que el primer positivo en España se registró en la Gomera el 1 de febrero de 2020, con más de un mes de anterioridad a las marchas del 8 de marzo. El 2 de marzo España ya registraba 114 casos de coronavirus, mientras que el propio 8 de marzo había 580 infectados. El domingo ya eran más de 28.500 los afectados, con 1.720 víctimas mortales.
La denuncia asegura que durante el periodo, los casos de coronavirus han crecido 45 veces más en España que en Italia.
