Una oscura fundación con sede en Pamplona y Bayona (Francia) que según su página web cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Guipúzcoa ha comenzado a enviar cartas “informativas” a organizaciones navarras que no utilizan el euskera en sus comunicaciones, tanto verbales como escritas.
La Fundación Behatokia, dirigida por Garbiñe Petriati Ijurra, que es también la persona que firma las comunicaciones con las “recomendaciones” y consejos, se autoproclama protectora “de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en los territorios del euskara, la lengua vasca” y afirma dirigir su actividad “a garantizar esos derechos, tanto en el ámbito público como en el socioeconómico”.
En la misiva tipo, el “Observatorio de Derechos Lingüísticos” Behatokia se permite gestionar “quejas” de los ciudadanos relacionadas con el uso del euskera y, una vez recibida éstas, realizar las pertinentes “recomendaciones” a los presuntos responsables de las faltas. Concretamente, en el documento al que ha tenido acceso La Tribuna del País Vasco, la Fundación Behatokia afirma gestionar una “queja” de “un/a ciudadano/a” que afirma haber recibido información de una determinada organización “exclusivamente en castellano”.
En su carta a la entidad acusada, Behatokia no solamente se autoadjudica una presunta e inexistente autoridad para gestionar este tipo de presuntos conflictos lingüísticos sino que, además, se permite ofrecer información sesgada y falsa. De hecho, Behatokia asegura en su documentación que “el euskera es lengua propia de la Comunidad Foral Navarra y en el momento de recibir un servicio las/os ciudadanas/os vascohablantes desean ser tenidas/os en cuenta como el resto de la ciudadanía. Aunque el euskera es lengua propia y oficial de este territorio, las personas vascohabla tes no tienen la opción de recibir en euskara muchos servicios e informaciones”.
En este punto, Behatokia miente y omite que tal y como se recoge en la normativa actualmente vigente, “la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, es la norma fundamental en lo referente a las lenguas, y en base a ella el vascuence o euskera y el castellano serán lenguas oficiales en las zonas vascoparlantes de Navarra, mientras que fuera de esas zonas únicamente el castellano será lengua oficial”. Behatokia también omite que según el artículo 3 de la Constitución, “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
Por si todo esto fuera poco, Behatokia no duda en atribuirse la potestad de “animar” al presunto ¿infractor? a “subsanar la reclamación que ha sido presentada en el Observatorio de Derechos Lingüísticos, y a que adopte las medidas necesarias para garantizar la presencia del euskara en sus comunicaciones”.
Behatokia, lejos de poseer ningún herramienta administrativa o legal para forzar al infractor señalado a modificar su actitud, recurre a citar párrafos perfectamente seleccionados de otras instituciones y organismos más etéreos y no menos partidistas. “Adjunto les enviamos un extracto de los artículos más representativos que en torno al respeto de los derechos lingüísticos recogen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos”. Concretamente, la tan sonora “Declaración Universal de Derechos Lingüísticos” también es un documento sin ninguna validez pergeñado y aireado en 1996 por dos organizaciones privadas sin ningún tipo de representatividad: el Comité de Traducciones y Derechos Lingüísticos del International PEN Club y el CIEMEN (Escarre International Center for Ethnic Minorities and the Nations).
(La Tribuna del País Vasco)
