La secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox, Macarena Olona, y los diputados Javier Ortega Smith (secretario general del partido) y Pablo Sáez han presentado una serie de iniciativas para mejorar la vida laboral de los funcionarios de prisiones y reconocer “sus legítimas y justas reivindicaciones”.
A través de una Proposición no de ley (PNL), la formación liderada por Santiago Abascal insta al Ejecutivo a realizar una convocatoria de empleo público para los próximos cuatro años “con el objetivo de paliar el problema de la falta de personal en prisiones y teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los próximos años”. Además, reclama la convocatoria de “concursos de traslados con carácter anual”. “Concursos de traslados que deben afectar a la totalidad de las plazas vacantes, las que estén en comisión de servicios y en su caso interinos si los hubiera”, añade Vox.
En el mismo sentido, se solicita al Gobierno la creación de un “Estatuto Propio para los funcionarios penitenciarios que identifique claramente sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional”, así como la adecuación y actualización de los medios materiales para hacer frente a situaciones violentas generadas por los internos. “Walkies, guantes anti corte, grilletes, chalecos, pistolas eléctricas, equipos de intervención fáciles de poner, medios coercitivos modernos y adecuados a la nueva realidad de las prisiones y al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y al perfil más violento de los internos”.
Ante las, amenazas y agresiones, que reciben los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones e incluso ante los intentos de homicidio que afrontan, los diputados firmantes de la PNL reclaman al Gobierno la equiparación salarial de todos los funcionarios de prisiones con los trabajadores penitenciarios de Cataluña: “Se debe cumplir el principio de igualdad de salarios para el mismo trabajo, con independencia de la ubicación el centro penitenciario”, señala el texto.
Además de reclamar una dotación humana y material suficiente para cumplir con su trabajo, la propuesta del Grupo Vox contempla el reconocimiento “a todos los efectos legales” de la condición de Agente de la Autoridad de los funcionarios de prisiones, de forma que si se cometiera contra ellos un atentado en el ejercicio de sus funciones, la consideración penal del acto sería la de atentado contra la Autoridad.
Según destacan, en los últimos 8 años se han perdido 3.400 empleos mientras se han inaugurado nuevos centros, lo que ha provocado que se disponga de menor número de efectivos para atender a la población reclusa, por lo que es habitual encontrar ratios de 2 funcionarios por cada 140 internos.
