Agbar reclamaría 1.000 millones a Barcelona en caso de remunicipalización

La compañía de aguas Agbar cifra en 1.000 millones de euros la indemnización que el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana (AMB) deberían pagarle en caso de remunicipalización del suministro, uno de los principales caballos de batalla del gobierno de Ada Colau. Si se anulara el contrato actual, que finaliza en 2047, la empresa defiende que debería ser compensada con unos 470 millones de euros por los bienes entregados –que incluirían desde la red de tuberías hasta las potabilizadoras– y otros 500 millones por lucro cesante, es decir, por el beneficio que la empresa dejaría de ingresar por no prestar el servicio.

Es la primera vez que Agbar pone sobre la mesa y cuantifica el coste de una eventual remunicipalización del suministro de agua en el Área Metropolitana, un tema que ha generado controversia en los últimos cinco años. Las cifras, que la filial de Suez adelantó este miércoles a TV3 y ha confirmado a La Vanguardia, sitúan el alcance del propósito planteado por el ejecutivo barcelonés.

Tras la cuantificación de la indemnización que reclamaría Agbar, el gobierno municipal de Barcelona ha rehuido valorar la millonaria suma para no entrar en una “guerra de cifras”. La quinta teniente de alcalde, Janet Sanz, ha declarado este jueves a la agencia ACN que la remunicipalización del agua genera un amplio consenso. Sanz ha recordado que el pleno aprobó con amplia mayoría encargar una serie de estudios sobre las consecuencias de la operación y ha prometido que cuando estén listos se harán públicos, aunque sin fijar una fecha. “Pero hay una voluntad política amplia en la ciudad de recuperar la gestión del agua”, ha defendido.

Agbar opera el suministro doméstico de agua en una veintena de municipios metropolitanos Agbar opera el suministro doméstico de agua en una veintena de municipios metropolitanos (Ana Jiménez)

En noviembre el Ayuntamiento de Barcelona encargó a la empresa municipal Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. (BCASA) informes técnicos y jurídicos sobre la transición hacia la gestión pública del suministro de agua en la ciudad, lo que el ejecutivo local consideró el “primer paso” hacia la “gestión pública del agua”. El presidente de la Cámara de Concesionarios y empresas vinculadas al sector público en el ámbito de equipamientos y servicios (CCIES), Francesc Sibina, confirmó a TV3 que la legislación establece que “si se interrumpe un contrato se indemnizará al concesionario”, y lo lógico es que, si esto ocurre, Agbar reclame una indemnización.

La compañía ha asegurado que el debate sobre la municipalización es independiente de la resolución que finalmente adopte el Tribunal Supremo acerca de la empresa de capital mixto creada por Agbar y el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en mayo de 2013 para asumir el suministro. En esta nueva sociedad, la compañía tiene el 70% del accionariado, Criteria el 15% y la agencia pública el 15% restante

Entidades ecologistas habían denunciado la falta de un concurso de adjudicación que legitimara la prestación del servicio y llevaron a los tribunales y a la UE la nueva empresa metropolitana. La Plataforma Aigua és Vida, que lideraba en ahora concejal de Presidencia, Eloi Badia, estimó en 2003 que la municipalización costaría alrededor de 450 millones, casi la mitad de lo que calcula Agbar.

Pendientes del fallo del TS

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaró nula la concesión en marzo de 2016, una sentencia no firme pendiente de ratificación o revocación por el Supremo en los próximos meses. Desde el punto de vista de Agbar, la decisión del TS no implicaría tener que abandonar la concesión. El presidente ejecutivo de la compañía, Ángel Simón, ya defendió hace un año que en caso de confirmarse la nulidad no temía perder el suministro porque el tribunal “solo” invalidaría el procedimiento seguido al crear la empresa mixta y no la “legitimidad de la concesión”.

En cambio, la vicepresidenta del AMB y teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, anunció tras el fallo del TSJC que el AMB no recurrirá la sentencia del Supremo a fin de propiciar un nuevo modelo de gestión.

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