Andalucía multa a Unicaja con 3,1 millones por el uso de cláusulas abusivas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado sancionar con más de 3,1 millones de euros a Unicaja Banco, por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio.

Según ha indicado la Junta en una nota, el procedimiento se inició en 2016, tras la recepción de 537 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo por la inclusión de ‘cláusulas suelo’ en las escrituras.

El procedimiento se inició en 2016 tras la recepción de 537 denuncias de particulares

La sanción incluye 650.000 euros por infracciones muy graves contra la legislación vigente de defensa de los consumidores y, además, el decomiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en casi 2,5 millones de euros.

De acuerdo con la normativa vigente, son cláusulas abusivas aquellas que causan un desequilibrio en la posición entre el consumidor y el empresario, por ejemplo, reservando a éste facultades para interpretar, modificar o resolver unilateralmente el contrato; imponiendo garantías desproporcionadas al riesgo asumido, o estableciendo la renuncia del prestatario al derecho a la notificación en caso de cesión del préstamo. Esta práctica conlleva una sanción de 300.000 euros.

Multa de 350.000 euros por incumplir el deber de información de prestación de servicio sobre las clausulas suelo

De un importe de 350.000 euros es la multa por incumplir el deber de información de prestación de servicio, concretamente sobre las cláusulas suelo. Estas se introducen en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable -fundamentalmente Euríbor- y prevén que, aunque el tipo se sitúe por debajo de un determinado umbral establecido en la propia hipoteca, la persona consumidora seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidad equivalente a la bajada del Euríbor.

Para la fijación de las cuantías se han tenido en cuenta como agravantes el perjuicio causado a los consumidores -estimable en más de 50.000 euros- y la posición relevante del infractor en el mercado. Respecto a este último punto, la entidad sancionada contaba en 2012 con 690 de las 3.061 oficinas de cajas de ahorro en Andalucía (el 22,5%).

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