¿Ayudará el Govern si hay multas por pagar a la Hacienda catalana?

A menos de dos semanas del referéndum sobre la independencia de Catalunya, el Govern avanza en la estructura de la Agencia Tributària de Catalunya. Las empresas están a la espera de conocer el modelo y las diferencias, si las hay, respecto a la Agencia Tributaria de España.

Albert Sagués, experto en Fiscalidad y profesor del Máster en Fiscalidad de la UFP Barcelona School of Management, sostiene que el Govern tiene muy definida su Hacienda pública, aunque no se tenga que empezar a pagar ya. “Hay muchas incógnitas por despejar, si llegado el momento se paga a la catalana, puede multar la española y si se ingresa en la española, puede multar la catalana. En un choque de legalidades será necesario un acuerdo, un mensaje claro. Al final están traspasando este problema, o esta decisión, a la ciudadanía”.

Choque de legalidades

Sagués apunta que solo hay dos artículos en la Ley de Transitoriedad que aclaren esta hipotética situación: “Uno explica que la Generalitat ayudará a cualquier persona que reciba consecuencias por pagar a la Hacienda catalana en cumplimiento de esta ley, entre líneas, dice que si le sanciona la Agencia tributaria española le ayudará y otro artículo dice que aunque alguien haya pagado a la agencia española eso no puede perjudicar a un tercero que declare en la catalana.

Es decir, si mi empresa ha ingresado la retención de la nómina a la española pero yo hago la declaración de la renta en Catalunya, esas retenciones que no ha cobrado Catalunya no me van a perjudicar”.

Insiste en que es un problema que aún no está encima de la mesa porque la Generalitat no ha dicho que se pague, y hasta que no lo diga, será cuestión de pagar a la Agencia Tributaria española.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda
(Dani Duch)

Desde su punto de vista, las empresas catalanas están respondiendo con muchísima prudencia ante los muchísimos interrogantes y las dudas, en un momento en el que se están dando soluciones jurídicas a un problema que es político y que se transmite a la fiscalidad.

“Yo doy por sentado –afirma- y en algún caso me consta, que se han hecho planes de contingencia desde el punto de vista de contemplar las dudas. Yo creo que los asesores fiscales, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, van a tener un papel muy importante porque los empresarios le va a preguntar al asesor fiscal cómo deben proceder, llegado el caso”.

Montoro ha dicho que habrá consecuencias para quien no pague

“Hay un punto aquí, para quien se lo crea, lo acepte o lo quiera entender, que es que dentro del marco jurídico español todo lo que ha pasado en Catalunya es ilegal. La segunda interpretación es la del que acepta que lo que acordó el Parlament de Catalunya es una norma que se aprobó en ejercicio de la soberanía que emana del pueblo catalán por las elecciones del 27 de septiembre y, por lo tanto, esas normas han salido fuera del cascarón de la legalidad española y son, por lo tanto, válidas”, precisa.

Si vamos por esta vía lo que tenemos es dos legalidades. Dentro de esta doble legalidad hay un problema serio. Montoro ha dicho que habrá consecuencias para quien no pague. La Generalitat no ha dicho nada, pero llegado el momento, no hay certeza de que, en ejercicio de dicha soberanía, también exija el pago y pueda sancionar, trasladando el problema político a los contribuyentes.

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