La Comisión Europea (CE) ha dado este miércoles el visto bueno al borrador presupuestario emitido por España a mediados de octubre, ya que «está en línea» con sus recomendaciones, que pedían hacer lo necesario frente a la pandemia, aunque ha advertido al Gobierno sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda, un indicador que ya se enfrentaba a «elevados desafíos» antes de la pandemia.
En consecuencia, el Ejecutivo comunitario hará un análisis “exhaustivo» para evaluar “si los desequilibrios existentes se están solucionando, persistiendo o agravándose”, al mismo tiempo que comprobará «si las políticas correctivas están siendo imprementadas”. Ambos exámenes servirán para elaborar las recomendaciones económicas que la Comisión emite para cada país en mayo.
Bruselas también llevará a cabo este análisis de situación en otros once países, que cuentan en sus cuentas públicas con desequilibrios o desequilibrios excesivos tras la llegada de la pandemia: Alemania, Chipre, Croacia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumania y Suecia.
“Necesitamos medidas de apoyo presupuestario específicas y temporales“
A todos ellos, junto a España, la CE les ha instado a mantener en 2021 las políticas de estímulo económico para respaldar la recuperación y a que retiren las medidas de apoyo cuando la situación epidemiológica y económica lo permita.
«Para que Europa se recupere y reafirme como una fuerza competitiva en la escena mundial, necesitamos medidas de apoyo presupuestario específicas y temporales, así como reformas e inversiones cuidadosamente elegidas que impulsen una recuperación justa, integradora y sostenible», ha asegurado el vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, Valdis Dombrovskis.
Puntos de desacuerdo
En el Informe sobre el Mecanismo de Alerta (IMA) -un dispositivo de detección de posibles desequilibrios macroeconómicos-, la Comisión considera que el proyecto de Plan Presupuestario de España se ajusta “globalmente” a la recomendación adoptada por el Consejo el 20 de julio de 2020 ya que «la mayoría de medidas apoyan la actividad económica en el contexto de considerable incertidumbre».
No obstante, en un análisis más detallado, la Comisión Europea ha puesto en entredicho alguna de las partidas presupuestarias. Por ejemplo, en el apartado de ingresos, Bruselas considera que el Gobierno recaudará alrededor del 0,1 % del PIB en nuevas medidas fiscales, mientras que el proyecto enviado por Hacienda estima alrededor del 0,6 % del PIB.
«La diferencia se debe a las incertidumbres que rodean la implementación y el rendimiento de algunas de las medidas de ingresos y al hecho de que algunos cambios en la tributación no se especificaron con suficiente detalle», explica el documento.
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En este sentido, el Ejecutivo comunitario considera que se recaudará una cantidad mucho menor a la proyectada por el Ejecutivo en algunas figuras tibutarias. Por ejemplo, en la lucha contra el fraude fiscal: mientras que las cuentas presentadas prevén una recaudación de 828 millones de euros, las previsiones de la Comisión reducen la cantidad de ingresos esperada hasta los 425 millones de euros, «debido a las incertidumbres que rodean su implementación», recalca.
Bruselas también alude al impuesto sobre las transacciones financieras, que grava el 0,2 % sobre el valor de las adquisiciones de acciones de las grandes empresas españolas. Las estimaciones comunitarias prevén un rendimiento de los ingresos de unos 425 millones de euros, habida cuenta de los importes recaudados en otros Estados miembros, si bien el Ejecutivo español pretende multiplicar por dos esa cifra -850 millones de euros-.
En la misma línea, mientras que el Gobierno estima conseguir 968 millones por impuestos a las actividades digitales, que grava los ingresos por prestación de servicios de publicidad online, servicios de intermediación online y venta de datos de usuarios, las previsiones de la Comisión son ligeramente inferiores: unos 800 millones de euros.
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En el apartado de gastos, Bruselas asegura que las cuentas presentadas por España indican una continuación de una tendencia de gasto subyacente por encima del crecimiento potencial del PIB y requieren «un estrecho seguimiento».
«Estas tendencias son más visibles en el consumo intermedio, la remuneración de los asalariados y las transferencias sociales y se acentúan por la decisión de revalorizar las pensiones por inflación y subir los salarios del sector público«, señala el documento.
Alerta por los niveles de deuda
Asimismo, la Comisión ha advertido al Gobierno sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda, un indicador que ya se enfrentaba a «elevados desafíos» antes de la pandemia. «Dado el nivel de deuda pública de España y los altos desafíos de sostenibilidad a medio plazo antes del estallido de la pandemia, es importante que España se asegure de que, al tomar medidas presupuestarias de apoyo, se mantenga la sostenibilidad fiscal a medio plazo”, alerta el informe.
Precisamente este martes conocimos que la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas marcó un nuevo máximo histórico en septiembre al situarse en 1.308.439 millones de euros, lo que equivale al 114,1 % del PIB, con un incremento de 9.703 millones con respecto a agosto.
Por este motivo, la Comisión invita a España a revisar periódicamente el uso, la eficacia y la adecuación de las medidas de apoyo y estar preparada para adaptarlas según sea necesario a las circunstancias cambiantes.
Sin embargo, en estos momentos, dice el Ejecutivo comunitario, el Gobierno debe tomar «todas las medidas necesarias» para abordar de manera eficaz la pandemia y apoyar la recuperación resultante, y fortalecer la resiliencia del sistema de salud, así como como aplicar políticas fiscales encaminadas a lograr posiciones fiscales prudentes a mediano plazo».
Además, la Comisión recomienda a España que apoye el empleo, refuerce la protección por desempleo, el apoyo y la cobertura familiar y la adecuación de los regímenes de renta mínima, así como el acceso al aprendizaje digital. También se recomiendan medidas para brindar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, así como para promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica y enfocar la inversión en la transición verde y digital, al tiempo que se fomenta la innovación y la eficiencia de los recursos.
Bruselas destaca que España es el país de la Unión Europea que menos porcentaje del PIB va a destinar en 2021 a la lucha contra la pandemia, en parte porque los presupuestos no incluyen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Advertencia a otros siete países
El Gobierno de Pedro Sánchez no es el único al que Bruselas dirige esta advertencia sobre los peligros de sostenibilidad de su deuda pública. Además de a España, la Comisión ha alertado a Bélgica, Grecia, Portugal, Italia y Francia; y a estos dos últimos países, junto con Lituania y Eslovaquia, por haber adoptado medidas que no son temporales o no se compensarán con otras acciones.
«Lituania ha presentado un proyecto de plan presupuestario basado en una hipótesis de mantenimiento de la política económica», explica el documento, por lo que se le invita a que presente una actualización del mismo.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su paquete de otoño relativo a la política económica, que abarca los dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios de la zona del euro para 2021 y las recomendaciones políticas para la zona del euro. Se trata de la última etapa del ciclo del Semestre Europeo de 2021, que se inició en septiembre con la publicación de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible centrada en el concepto de sostenibilidad competitiva
Al contrario que en años anteriores, la CE no ha evaluado en este ejercicio si los países cumplirán las metas de déficit o deuda que exigen las normas comunitarias puesto que están suspendidas temporalmente por la pandemia para permitir el gasto necesario. Este año, el Ejecutivo comunitario se ha centrado en analizar si las medidas adoptadas propulsarán el crecimiento futuro, si serán temporales y, de no serlo, si hay acciones previstas para compensar después el impacto presupuestario que tendrán.
