La Comisión Europea ha decidido prorrogar un año más la suspensión de las reglas de déficit y deuda en un contexto donde la recuperación económica está amenazada por la guerra de Ucrania y la elevada inflación. La decisión se ha tomado este jueves en una reunión del Colegio de Comisarios de la Unión Europea, y se espera que sea anunciada de forma inminente este lunes.
De este modo, Bruselas permitirá durante un año más que los Estados miembros puedan tener un déficit público por encima del 3% del PIB, y todavía no activará la senda de consolidación fiscal para reducir la deuda pública al 60% en aquellos países que lo superen (actualmente, la mayoría, España incluida). Esta medida tendrá que ser ratificada por los gobiernos del bloque, un proceso que no se espera «muy difícil», según fuentes europeas.
Así, la UE gana tiempo ante el lento avance de la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y da aire a los países más endeudados ante el empeoramiento de la situación económica por la guerra y la inflación.
Esta no es la primera vez que la UE toma este tipo de medidas. Lo hizo por primera vez en febrero de 2020, para centrarse en el impacto económico y social de la pandemia. Durante ese intervalo, se suspendió el Pacto de Estabilidad para que los países pudieran aumentar el gasto público y hacer frente al coronavirus. Además, en junio de 2021, Bruselas ya propuso mantener suspendidas las normas de déficit y deuda en 2022.
A la espera del consenso
«Aunque los pronunciamientos políticos sobre el tema a veces han parecido bastante divididos, no creo que el desacuerdo subyacente sea tan grande. Todo el mundo entiende que el próximo año no será un año normal y que cualquier regla que tengamos en vigor tiene que ser implementada de forma inteligente», ha apuntado un alto cargo europeo este jueves.
La primera ocasión para escuchar las opiniones de los socios comunitarios será este lunes por la tarde, cuando está prevista una reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en la capital europea.
En este ejercicio, que se repite cada año, Bruselas emite una serie de recomendaciones económicas para cada país. No obstante, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento suspendido desde el inicio de la pandemia, las autoridades comunitarias no evalúan el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda de cada socio.
Sin embargo, la Comisión Europea ha pedido durante estos dos años prudencia fiscal a los países más endeudados del bloque, entre los que se encuentra España, algo que previsiblemente se repetirá en esta ocasión.
Un debate reabierto en octubre de 2021
El 19 de octubre de 2021, en plena crisis del coronavirus, la Comisión Europea reabrió el debate sobre el futuro de las reglas fiscales para alcanzar un «consenso amplio» entre los Estados miembros. En esta nueva petición, la UE se centraba en si el plan se centraría en seguir con las medidas tomadas hasta entonces, o hacer una revisión más amplia con más margen para los gobiernos.
La UE cuenta desde el Tratado de Maastrich de 1992 con límites sobre la deuda pública y el déficit público, del 60% y 3% del PIB, respectivamente. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, creado cinco años después para reforzar la supervisión fiscal, ha sido modificado y ampliado en varias ocasiones.
Antes de la irrupción de la pandemia, el nivel medio de deuda en los países de la UE ya superaba la barrera del 60%, pero con la crisis las ratios se han disparado, con países como Grecia, Italia y España, cuya deuda actualmente se ha situado en el 117,7% del PIB.
«Cuando las condiciones lo permitan»
Aunque por entonces la Comisión Europea pretendía reactivar las reglas fiscales en 2023, el documento presentado en octubre de 2021 dejaba claro que debía hacerse “cuando las condiciones económicas lo permitan”. En un escenario aún marcado por el impacto de la pandemia, y con el enfoque puesto en la recuperación, Bruselas alertaba que «una reducción inicial demasiado grande de los coeficientes de endeudamiento implicaría un alto coste social y económico y sería contraproducente».
A esto se suma la necesidad de acelerar las llamadas «transiciones gemelas» con respecto a la digitalización y la lucha contra el cambio climático. Por ello, «lograr un nuevo marco es una responsabilidad conjunta y crucial para el futuro de la Unión», tal y como indicó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Paolo Gentiloni.
