El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido mantener la condición de imputado por administración desleal al expresidente de BBVA Francisco González por un encargo al excomisario José Manuel Villarejo.
El magistrado ha rechazado el recurso de reforma presentado el pasado 20 de julio por el banquero, que con recursos del banco habría encargado al excomisario un informe para valorar la adquisición de una finca a título personal.
En su auto de este miércoles, García Castellón señala que la investigación se encuentra en una fase embrionaria, por lo que es «esencial» tomar declaración al expresidente del BBVA.
En su recurso, González alegaba que todas las gestiones que realizó con brokers y tasadoras fueron pagadas «de su bolsillo», y advertía de falta de motivación en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que ni concretaba los recursos supuestamente empleados ni identificaba la finca.
Finca en El Escorial
Según su letrado, la petición del Ministerio Público podría deberse a «gestiones realizadas sobre determinadas fincas, entre ellas, una en El Escorial sobre la que se realizaron unos presuntos informes de Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, denominados como «Rick».
Asimismo, insistía en que Anticorrupción no estaría legitimada para iniciar un procedimiento por un delito de administración desleal, pues requiere una denuncia previa del afectado. De hecho, continuaba, sólo se habría perjudicado a una persona jurídica, el BBVA, pero el banco no ha emprendido ningún tipo de acción legal.
Pero el magistrado rechaza la pretensión del expresidente de BBVA sobre esta necesidad, y entiende que no es necesaria si el hecho afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
Riesgo reputacional para el BBVA
BBVA, añade García Castellón, es uno de los mayores bancos del país y cotiza en el IBEX 35, por lo que «el riesgo reputacional de semejantes conductas sí que afecta, de modo directo, a los intereses generales de aquellos, así como al interés general».
Francisco González está así imputado por administración desleal en relación con los informes de la citada finca, y por cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, por su presunta intervención en labores de espionaje a Sacyr.
La «operación Trampa», novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad, una operación que el presidente de la constructora descartó «por miedo» tras el incendio del edificio Windsor.
En el año 2019 el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano.
